La gestión eficaz de riesgos y cumplimiento se ha vuelto esencial en nuestro sector. Sin embargo, ciertos aspectos podrían estar siendo abordados de manera incorrecta, generando profundas fallas en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo SARLAFT

Un ejemplo concreto de esto es evidente al plantear la pregunta sobre a partir de qué valor se debería solicitar el formulario de origen de fondos. En el 99% de las ocasiones, la respuesta recibida es sorprendentemente uniforme. Es fundamental destacar que la respuesta idónea a esta pregunta no debería ser constante, ya que este parámetro está intrínsecamente vinculado a un proceso técnico y objetivo que cada organización solidaria debe desarrollar de manera específica.

La falta de definición y, peor aún, la falta de actualización mensual de este parámetro indica una falla significativa en el SARLAFT. A pesar de ser conscientes de esta falla, muchas organizaciones optan por hacer la vista gorda y no toman medidas correctivas.

El SARLAFT consta de cuatro etapas y ocho elementos. En el contexto de estas etapas, y como una subetapa, se encuentra la obligación de segmentar. Esta obligación es también parte integral de los instrumentos del sistema, los cuales son herramientas que permiten al oficial de cumplimiento determinar y cuantificar el riesgo. En este caso, nos enfocaremos en la segmentación del canal.

El Título V, Capítulo XVII de la Circular Básica Jurídica establece que para la segmentación del canal se deben tener en cuenta la naturaleza y características. A partir de este proceso, se pueden identificar grupos con características comunes, diferenciándolos de los demás, lo que permite determinar señales de alerta. Es decir, el parámetro adecuado para determinar a partir de qué monto se debe solicitar el formulario de origen de fondos es el resultado de este proceso, el cual debe llevarse a cabo de manera mensual.

Te invito a revisar este proceso en tu organización y a comenzar el 2024 con toda la energía y determinación para que tu sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo funcione al 100%, evitando cualquier vacío que pueda dar lugar a riesgos legales.

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