¿Los costos de operación están afectando a todo el sector solidario?
El sector cerró 2025 con una señal positiva, pero el resultado agregado esconde realidades muy distintas. La pregunta correcta no es solo cuánto se gasta, sino si los ingresos, los asociados y los activos productivos crecen lo suficiente para sostener ese gasto.
El sector solidario colombiano cerró 2025 con una señal positiva: cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales reportaron un crecimiento en sus excedentes que superó los $420.000 millones.
+37%crecimiento de los excedentes del sector en 2025
$420.000 Mexcedentes agregados superados en el año
1,85%indicador de calidad de cartera del caso analizado
Sin embargo, el resultado agregado no significa que todas las entidades estén creciendo ni que enfrenten las mismas condiciones. Detrás de ese promedio hay organizaciones con cartera sana, pero con menos asociados, menores ingresos y una estructura operativa cada vez más difícil de sostener.
La pregunta que hoy debería hacerse la junta directiva
No es solamente cuánto está gastando la entidad, sino si sus ingresos, asociados y activos productivos están creciendo lo suficiente para soportar esos gastos.
Un mercado más costoso y competitivo
Las entidades solidarias operan en un entorno económico exigente.
12%
Tasa de política monetaria del Banco de la República (desde el 1 de julio de 2026)
6,14%
Inflación anual a junio de 2026
Este escenario afecta a la vez a las entidades y a sus asociados:
Los hogares tienen menor capacidad para ahorrar y pagar obligaciones.
Las organizaciones deben ofrecer tasas atractivas para conservar los depósitos.
Los costos laborales, tecnológicos y administrativos siguen aumentando.
Las tasas de los créditos no siempre pueden ajustarse de inmediato.
El margen entre la rentabilidad de la cartera y el costo de las captaciones puede reducirse.
Además, el asociado actual compara tasas, tiempos de respuesta y facilidad de acceso. Ya no compite únicamente otra cooperativa o fondo de empleados: también compiten bancos, fintech, billeteras digitales y plataformas de crédito.
La tecnología dejó de ser opcional
81%
de los establecimientos de crédito ya usaba IA en algún proceso (2025)
96,4%
de la población adulta con acceso a productos financieros (sep. 2025)
Este entorno eleva las expectativas de los asociados. Hoy esperan poder actualizar sus datos virtualmente, solicitar un crédito sin desplazarse, firmar documentos electrónicamente, consultar saldos y obligaciones en línea, recibir respuestas rápidas y realizar pagos y transferencias desde el celular.
El reto no es simplemente comprar tecnología. La verdadera eficiencia aparece cuando la tecnología elimina reprocesos, integra la información, automatiza controles y permite tomar mejores decisiones. Una plataforma adicional que no se conecta con los demás procesos puede terminar aumentando los gastos en lugar de reducirlos.
Entonces, ¿el problema de los costos es generalizado?
Un diagnóstico sobre una entidad del sector, comparada con organizaciones similares, encontró un resultado revelador. Durante 2025 los gastos ordinarios del segmento crecieron 9,76%, mientras que los de la entidad analizada aumentaron 10,62%: una diferencia de apenas 0,86 puntos porcentuales. El incremento del gasto no era exclusivo de la organización; había una presión generalizada por personal, tecnología, cumplimiento, auditoría, seguridad de la información y administración.
Pero el dato decisivo apareció al revisar los ingresos y la base social:
El promedio esconde la realidad: crecimiento comparado (2025)
Variación anual · entidad analizada frente a su segmento
Segmento (entidades similares)Entidad analizada
Análisis construido con información e indicadores de STARSOL®.
El problema no estaba únicamente en gastar más. La organización debía cubrir mayores costos con una menor generación de ingresos (-2,13%, frente a +6,43% del segmento) y una base social que cayó 10,79%, mientras el segmento crecía 1,14%.
Menos asociados, mayor costo por persona
Una entidad puede perder asociados, pero no puede reducir de inmediato sus obligaciones: debe seguir pagando personal, software, revisoría fiscal, administración de riesgos, seguridad de la información y reportes regulatorios. La misma estructura termina distribuyéndose entre menos personas. Por eso, aunque el gasto total no parezca excesivo, aumentan:
El costo por asociado.
El costo por crédito administrado.
El costo por transacción.
El costo de cumplimiento.
El gasto operativo frente a los ingresos.
Cuidado con la reacción automática
Recortar indiscriminadamente puede agravar el problema: si se deteriora el servicio, la entidad podría perder más asociados y reducir aún más sus ingresos.
Más cartera no siempre significa más rentabilidad
La cartera de la entidad analizada creció 11,08%, más del doble del 5,26% del segmento. Y aun así, sus ingresos disminuyeron. No basta con colocar más créditos: una cartera creciente puede generar menos rentabilidad cuando:
Se reducen las tasas de colocación.
Aumentan las líneas con condiciones preferenciales.
Los desembolsos se concentran al final del periodo.
Se amplían los plazos.
El costo de los depósitos permanece elevado.
El margen no cubre adecuadamente los gastos y los riesgos.
Incluso una cartera sana puede coexistir con una rentabilidad insuficiente: en el caso evaluado, la calidad de cartera era favorable (1,85%), pero la entidad seguía enfrentando presión sobre sus resultados.
¿Un gasto operativo cercano al 60% es necesariamente malo?
No siempre. En el primer semestre de 2026, los gastos de personal y generales de la entidad se ubicaron cerca del 60% de los ingresos financieros, un porcentaje similar al histórico de su segmento. Pero un mismo indicador admite lecturas distintas:
Es manejable cuando crecen los ingresos y los asociados.
Es una alerta cuando los ingresos disminuyen.
Puede estar distorsionado si incluye gastos sociales o extraordinarios.
No es comparable si las entidades usan cuentas y fórmulas diferentes.
Por eso, la junta directiva no debería recibir solo un porcentaje. Debe conocer qué cuentas lo componen, cómo ha cambiado y cuál es su relación con los ingresos, la cartera y la base social.
La solución no es simplemente gastar menos
La eficiencia no consiste en recortes aislados, sino en generar más valor con los recursos disponibles. Las entidades deberían concentrarse en cuatro prioridades:
1
Recuperar y fortalecer la base social.
2
Mejorar la rentabilidad de la cartera y de cada línea de crédito.
3
Automatizar procesos para reducir reprocesos y tiempos de respuesta.
4
Controlar que los gastos no crezcan por encima de los ingresos.
La meta correcta
No es únicamente disminuir los costos: es lograr que los ingresos, los asociados y los activos productivos crezcan por encima de la estructura operativa.
Autodiagnóstico
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Con STARSOL®
Convierta los datos en decisiones
Todo este análisis se construyó con información e indicadores de STARSOL®, integrando crecimiento, cartera, rentabilidad, liquidez, estructura financiera, eficiencia y comparación con entidades similares. STARSOL® permite pasar de una lectura aislada de los estados financieros a preguntas concretas:
¿La entidad crece por encima o por debajo de su segmento? ¿El aumento de los gastos es generalizado o propio? ¿La cartera genera suficiente rentabilidad? ¿La pérdida de asociados está subiendo el costo operativo? ¿El margen financiero es suficiente? ¿Qué acciones debería priorizar la junta directiva?
Las cooperativas, fondos de empleados y mutuales que necesiten conocer su situación real pueden pedir un diagnóstico financiero integral, comparar sus resultados con entidades similares e identificar las acciones para mejorar su sostenibilidad, eficiencia y rentabilidad.
El objetivo no es gastar menos: es que los ingresos, los asociados y los activos productivos crezcan por encima de la estructura operativa.
El informe semestral del Oficial de Cumplimiento no debería entenderse únicamente como una obligación documental. Aunque la Circular Básica Jurídica establece los contenidos mínimos que debe presentar ante la Junta Directiva o el Consejo de Administración, su verdadero valor está en la capacidad de conectar la gestión del riesgo con las decisiones de toda la organización.
Un informe bien construido permite articular al Oficial de Cumplimiento con el Comité de Riesgos, la Gerencia, el órgano de administración y las áreas operativas. No se trata simplemente de describir las actividades realizadas durante seis meses, sino de mostrar qué resultados se obtuvieron, qué controles funcionaron, qué fallas fueron identificadas y cuáles acciones deben ejecutarse en el siguiente periodo.
Los siete aspectos mínimos son el punto de partida
El informe debe desarrollar, como mínimo, los siete asuntos establecidos en la Circular Básica Jurídica, Título V, Capítulo XVII:
Las políticas y programas desarrollados y sus resultados; el cumplimiento de los reportes enviados a las autoridades; la actualización de la información y los avances en los perfiles de riesgo; la efectividad de los mecanismos e instrumentos de control; los incumplimientos y las órdenes impartidas; los correctivos y propuestas de mejora; y la evolución del riesgo residual por factor y de forma consolidada.
Sin embargo, cumplir no significa utilizar estos asuntos únicamente como títulos. Cada uno debe estar acompañado de cifras, soportes, análisis y conclusiones que le permitan al órgano de administración comprender el estado real del SARLAFT.
El Oficial de Cumplimiento conecta riesgo, gestión y decisiones
La labor del Oficial de Cumplimiento es estratégica porque conecta diferentes niveles de la organización. Desde su gestión se diseñan y revisan los procesos de debida diligencia, se evalúan las señales de alerta, se controla la presentación de los reportes a la UIAF, se analiza la actualización de la información y se determinan los perfiles de riesgo de asociados, clientes, productos, canales y jurisdicciones.
Además, su trabajo debe estar alineado con la realidad de la organización y con la experiencia del asociado. Los formularios y procedimientos de vinculación no deberían ser innecesariamente complejos o contrarios a la forma como hoy se relacionan las personas con las entidades.
La virtualidad, la simplificación de trámites y la facilidad para actualizar información también forman parte de una gestión adecuada del riesgo, siempre que se conserven los controles y la trazabilidad requeridos.
La matriz de riesgos debe ser el punto de partida
Una de las mejores herramientas para estructurar el informe es la matriz de riesgos. Desde allí pueden identificarse los eventos de riesgo, valorar su probabilidad e impacto, revisar los controles existentes y determinar el riesgo residual. Este análisis permite establecer las políticas, programas, procedimientos y actividades que realmente necesita la organización.
La matriz también facilita la definición de medidas de contingencia. Por ejemplo, debe quedar establecido qué ocurrirá con la preparación y presentación de los reportes a la UIAF cuando el Oficial de Cumplimiento no se encuentre disponible, quién asumirá la responsabilidad y cómo se garantizará la continuidad del proceso.
De igual forma, la matriz permite orientar el monitoreo, la evaluación de los controles, la actualización de datos, la determinación de perfiles de riesgo y el seguimiento a los incumplimientos identificados. La relación debería ser clara:
La matriz identifica las necesidades. El informe presenta los resultados. El órgano de administración imparte instrucciones. El plan de trabajo ejecuta las mejoras.
No basta con relacionar actividades
Uno de los errores más frecuentes es presentar informes vagos y generales. Se mencionan capacitaciones, consultas en listas, reportes enviados y actividades de monitoreo, pero no se incluyen cifras, resultados, detalles ni evidencias suficientes. Tampoco se establecen planes concretos frente a las situaciones encontradas.
No basta con afirmar que se realizaron consultas en listas. Es necesario indicar cuántas se efectuaron, qué coincidencias se encontraron y cómo fueron analizadas. No basta con señalar que se actualizaron datos. Debe mostrarse el porcentaje alcanzado, los casos pendientes y las acciones que se desarrollarán para cumplir la meta.
Tampoco es suficiente afirmar que los controles son efectivos. El informe debe indicar cuáles fueron evaluados, qué pruebas se realizaron, qué resultado se obtuvo y qué ajustes se requieren. Un buen informe debe ser claro, concreto y soportado. Debe mostrar lo que se logró, no solamente lo que se hizo.
Del informe debe surgir el plan de trabajo
El informe semestral debe convertirse en la base del trabajo del siguiente periodo. A partir de sus resultados pueden definirse las actividades que debe ejecutar el Oficial de Cumplimiento, las instrucciones que debe atender la Gerencia y los compromisos que deben asumir las áreas de la organización.
Cada hallazgo debería traducirse en una acción con responsable, fecha, indicador y evidencia esperada. Si existen debilidades en la actualización de datos, debe definirse una meta y un cronograma. Si las señales de alerta requieren ajustes, deben revisarse sus parámetros. Si se detectan fallas en la ejecución de un control, debe establecerse el correctivo y la forma como se verificará su cumplimiento.
De esta manera, el informe deja de ser un documento de cierre y se convierte en una herramienta para organizar la gestión futura. Incluso quienes ya presentaron su informe pueden revisarlo y utilizarlo para construir el plan del segundo semestre. La presentación ante la Junta o el Consejo no debería significar que el documento quedó archivado. Por el contrario, debe iniciar el seguimiento a las instrucciones y decisiones adoptadas.
Una labor que protege y genera valor
La gestión del Oficial de Cumplimiento contribuye a prevenir riesgos legales, operativos, reputacionales y de contagio. Estos riesgos pueden afectar seriamente la confianza, la operación y la viabilidad de una organización. Por eso, su labor no es secundaria ni se limita a cumplir fechas de reporte. El Oficial de Cumplimiento es un eje estratégico que ayuda a proteger la entidad, fortalecer sus procesos y orientar mejores decisiones en el corto, mediano y largo plazo. El informe semestral es una de las principales herramientas para demostrar esa gestión.
Seminario taller
El próximo 29 de julio, a las 8:00 a. m., realizaremos el seminario taller sobre la elaboración del informe del Oficial de Cumplimiento.
Será un espacio práctico para aprender a desarrollar los contenidos mínimos, presentar cifras y evidencias, evaluar el riesgo residual y convertir el informe en el plan de trabajo del siguiente periodo.
Quienes ya presentaron el informe podrán revisar si quedó correctamente estructurado. Quienes aún lo están preparando podrán construirlo con una metodología clara y herramientas que fortalezcan su gestión.
Un buen informe no solo demuestra lo realizado: orienta las decisiones y define lo que sigue.
SARLAFT · Informe del Oficial de Cumplimiento · Sector Solidario
Un buen informe no dice que «el sistema funcionó adecuadamente»: lo demuestra.
Trabajaste seis meses. El reto es convertir todo ese trabajo en un documento que muestre qué se hizo, qué resultó, qué falló, cómo evolucionó el riesgo y qué decisiones debe tomar el órgano de administración para el siguiente semestre.
Llega el cierre del semestre y aparece la misma preocupación: hay que presentar el informe del Oficial de Cumplimiento ante la Junta o el Consejo, pero la información sigue dispersa entre actas, reportes UIAF, consultas en listas, alertas, capacitaciones y bases de datos.
Como Oficial, sabes que se trabajó durante seis meses. El problema es cómo convertir ese esfuerzo en un documento que no se limite a decir «se realizaron las actividades programadas» o «el sistema operó adecuadamente». Veamos qué debe contener y qué metodología permite lograrlo.
Los contenidos mínimos deben mostrar resultados
El informe debe desarrollar, como mínimo: las políticas y programas ejecutados, el cumplimiento de los reportes a las autoridades, la actualización de la información, los avances en los perfiles de riesgo, la efectividad de los controles, los incumplimientos identificados, los correctivos adoptados y la evolución del riesgo residual.
El error más común
Usar esos temas solo como títulos y llenarlos con frases generales: «cumplimiento sin novedades», «el sistema operó adecuadamente», «no se identificaron debilidades materiales».
Estas conclusiones deben estar acompañadas de cifras, hallazgos, soportes y acciones concretas. De lo contrario, el informe no permite valorar la gestión ni definir prioridades para el siguiente periodo.
La Junta o el Consejo deben tomar decisiones
La obligación no se cumple únicamente entregando el informe o incluyéndolo en el orden del día. El órgano de administración debe analizar su contenido y dejar constancia de las decisiones adoptadas: pronunciarse sobre la evolución del riesgo residual, la efectividad de los controles, las fallas encontradas, los correctivos propuestos y los recursos necesarios para fortalecer el sistema.
No hay sistema perfecto: siempre hay algo por mejorar. Por eso el órgano también debe impartir instrucciones a la Gerencia, asignar responsables y definir fechas de seguimiento. Así, el acta deja de ser una simple constancia de recibido y se convierte en evidencia de la participación del órgano de administración en la gestión del SARLAFT.
La matriz de riesgos debe orientar el trabajo
Una de las mejores formas de demostrar la gestión con casos y eventos concretos —y de proyectar el siguiente semestre— es usar la matriz de riesgos como eje metodológico. La matriz permite identificar los eventos de riesgo, valorar su probabilidad e impacto, revisar los controles existentes y determinar el riesgo residual. A partir de ese análisis deben definirse las actividades que realmente necesita la organización.
La relación debería ser clara y continua
La matrizidentifica las necesidades
El informepresenta los resultados
La Junta / Consejoimparte instrucciones
El plan de trabajoejecuta las mejoras
Cuando esta relación no existe, el informe termina siendo una recopilación de capacitaciones, consultas en listas y reportes enviados, sin explicar qué riesgo se buscaba controlar ni cuál fue el resultado obtenido.
De la matriz deben surgir los ajustes del sistema
Si la matriz evidencia debilidades en el conocimiento del asociado, el plan del siguiente semestre debe fortalecer la debida diligencia, la actualización de información y los perfiles de riesgo.
Si hay fallas en el monitoreo transaccional, habrá que revisar las señales de alerta, los parámetros, los responsables y los tiempos de análisis.
Si se detectan deficiencias en la ejecución de los controles, deben ajustarse los procedimientos, capacitar a los responsables y establecer pruebas que verifiquen su cumplimiento.
Así, las políticas y procedimientos no se actualizan solo por cambios normativos, sino también como respuesta a los riesgos y fallas identificados en la operación.
Los reportes y la actualización de datos requieren trazabilidad
El informe debe mostrar cómo se prepararon, validaron, revisaron, presentaron y soportaron los reportes a la UIAF. No basta con afirmar que fueron enviados: debe verificarse si la información estaba completa, si hubo errores, quién elaboró y revisó los archivos, cuándo se cargaron y dónde se conservan los certificados y soportes.
La actualización de información también debe manejarse mediante un plan concreto. El informe debe indicar cuántos asociados tienen datos vigentes, cuántos están pendientes y cuáles requieren atención prioritaria por su nivel de riesgo o por presentar operaciones que no corresponden con su perfil.
La Junta o el Consejo debe conocer el porcentaje actual de actualización, aprobar una meta para el siguiente semestre y solicitar a la Gerencia los recursos necesarios para cumplirla.
Los controles y el monitoreo deben generar decisiones
Las señales de alerta, la segmentación, las consultas en listas, los formularios y las herramientas tecnológicas no deben evaluarse únicamente por su existencia. Hay que comprobar si están bien diseñados, se ejecutan oportunamente, dejan evidencia y realmente reducen el riesgo.
El reporte de monitoreo debe consolidar las operaciones analizadas, las alertas generadas, los casos justificados, las operaciones inusuales, los posibles fraccionamientos y las decisiones adoptadas por el Oficial de Cumplimiento. Y estos resultados deben compararse con el semestre anterior para determinar si aumentaron las señales de alerta, aparecieron nuevos comportamientos o deben ajustarse los controles.
El informe debe terminar con un plan de trabajo
El informe del primer semestre debería cerrar con un plan que integre las decisiones de la Junta o el Consejo, las instrucciones impartidas a la Gerencia y las actividades del Oficial de Cumplimiento: actualización de la matriz, revisión de políticas y procedimientos, cronograma de reportes a la UIAF, actualización de datos, evaluación de controles, auditorías, fortalecimiento del monitoreo y seguimiento a los correctivos.
Cada acción del plan debe tener cuatro atributos que la hagan verificable:
ResponsableFecha de cumplimientoIndicadorEvidencia esperada
Un buen informe cumple tres funciones
Cuando se estructura así, el informe deja de ser un requisito formal y se convierte en una herramienta de dirección y mejora continua del SARLAFT.
1
Demostrar la gestión realizada
Con cifras, hallazgos, soportes y casos concretos, no con generalidades.
2
Mostrar la evolución del riesgo
Comparando el riesgo residual actual con el semestre anterior, por factor y consolidado.
3
Definir las acciones del periodo
Qué se mantiene, qué debe corregirse, quién responde y cuándo se verifica.
Ponga a prueba su informe semestral
¿Su informe está listo para la Junta o el Consejo?
Marque cada punto solo cuando la información esté incluida, analizada y soportada.
0 de 10 puntos cumplidos
Marque cada punto que su informe cumple hoy con evidencia.
Acompañamiento especializado
Construyamos un informe que dirija, no que solo cumpla
Diego Betancour Consultores acompaña a los Oficiales de Cumplimiento del sector solidario en la estructuración del informe semestral, el uso de la matriz de riesgos como eje metodológico y la construcción del plan de trabajo que la Junta o el Consejo debe aprobar.
Un buen informe no termina diciendo que el sistema funcionó adecuadamente. Debe indicar qué se mantiene, qué debe corregirse, quién será responsable y cuándo se verificará el resultado.
Bien estructurado, el informe semestral deja de ser un requisito formal y se convierte en una herramienta de dirección del SARLAFT.
La Circular Externa 100 de 2026 de la Superintendencia de la Economía Solidaria modificó la aplicación de los modelos de referencia para el cálculo de la pérdida esperada.
A partir de esta modificación, determinadas organizaciones de los niveles 1 y 2 (categoria plena) que hasta antes de esta circular estaban obligadas ya no están obligadas a reconocer la pérdida esperada en sus estados financieros. Sin embargo, las entidades pueden decidir aplicarla voluntariamente o desistir de su aplicación.
Cuando se adopte cualquiera de estas decisiones, esta debe ser aprobada previamente por el órgano permanente de administración. Además, deben realizarse los estudios técnicos necesarios para determinar su impacto en los estados financieros, dejar constancia en el acta e informar formalmente a la Superintendencia, anexando la respectiva acta.
Mi recomendación profesional para hoy, 15 de julio
Las organizaciones que no continuarán aplicando el modelo de pérdida esperada deberían dejar formalizada hoy su decisión y radicar una comunicación ante la Superintendencia de la Economía Solidaria a través de la sede electrónica.
La comunicación debe tener fecha del 15 de julio y estar acompañada del acta en la que conste la decisión adoptada por el órgano permanente de administración.
La recomendación se fundamenta en que la Circular establece que la decisión debe informarse a la Superintendencia con una antelación no inferior a quince días calendario frente al reporte de información financiera del mes en el que se aplicará la decisión.
¿Qué razones pueden sustentar la decisión?
La comunicación y el estudio presentado al órgano de administración pueden considerar, entre otras, las siguientes razones:
1. Altos costos de las adecuaciones tecnológicas
La aplicación del modelo de pérdida esperada puede requerir ajustes en los sistemas de información, desarrollo o adquisición de herramientas, parametrizaciones, integraciones, validaciones y procesos adicionales de soporte tecnológico.
Estos costos pueden resultar significativos para organizaciones cuya estructura, tamaño y nivel de exposición al riesgo no justifican la permanencia obligatoria en el modelo.
2. Complejidad de la auditoría de los cálculos
El modelo exige verificar la integridad de las bases de datos, las variables utilizadas, las probabilidades de incumplimiento, la exposición del activo, las garantías, las clasificaciones y los demás elementos que intervienen en el cálculo.
Esta complejidad incrementa las actividades de revisión, control y auditoría, así como la necesidad de contar con personal o asesoría técnica especializada.
3. Mayor deterioro e impacto sobre los resultados
La aplicación del modelo puede generar un mayor deterioro de la cartera y afectar negativamente los resultados de la organización.
Este impacto adquiere especial relevancia en años en los que se espera mayor inflación, altas tasas de interés y un incremento del riesgo de insolvencia de los deudores.
Por esta razón, la decisión debe estar soportada en una evaluación que permita identificar sus efectos contables y financieros.
¿A qué organizaciones está dirigida esta recomendación?
Este análisis resulta aplicable a las organizaciones de los niveles 1 y 2 diferentes de las cooperativas con actividad de ahorro y crédito y de los fondos de empleados de categoría plena, que anteriormente debían aplicar el modelo de pérdida esperada y que, con la modificación, ya no están obligadas a hacerlo.
Las organizaciones que decidan no continuar con el modelo deben aprobar previamente el desistimiento, dejarlo consignado en un acta y comunicarlo formalmente a la Supersolidaria.
¿Qué sucede con los fondos de empleados que no eran de categoría plena?
Los fondos de empleados que no pertenecían a la categoría plena y que se encontraban en los niveles 2 y 3 ya estaban excluidos de la aplicación obligatoria del modelo de pérdida esperada antes de la modificación.
En consecuencia, para estas organizaciones no se presenta un cambio sustancial frente a la obligación que ya venían atendiendo.
Actuaciones recomendadas
Las organizaciones que decidan no aplicar la pérdida esperada deberían realizar hoy, 15 de julio, las siguientes actuaciones:
Elaborar el estudio técnico sobre el impacto de la decisión.
Presentar la decisión al órgano permanente de administración.
Dejar la aprobación y sus fundamentos consignados en un acta.
Preparar la comunicación formal dirigida a la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Radicar la carta y el acta a través de la sede electrónica.
La decisión no debe limitarse a señalar que la organización ya no está obligada. Debe estar acompañada de una justificación técnica que explique sus efectos tecnológicos, operativos, contables, financieros y de auditoría.
Hoy, 15 de julio, es el momento de formalizar y comunicar la decisión.
Todo comenzó con un requerimiento de la Fiscalía General de la Nación. Dentro de una investigación, la autoridad necesitaba reconstruir información financiera histórica de varias personas y empresas, y para hacerlo acudió a diferentes entidades, entre ellas organizaciones del sector solidario.
No estaban solicitando un simple dato. La autoridad buscaba información como extractos, movimientos, créditos, planes de amortización, pagos realizados a capital e intereses, productos financieros y datos suministrados por las personas al momento de su vinculación.
Y ahí empieza la verdadera prueba para cualquier organización.
Cuando llega un requerimiento de este tipo, la información puede estar repartida entre el aplicativo, contabilidad, cartera, tecnología, archivos físicos y bases de datos históricas. Tener los datos no siempre significa tenerlos organizados, actualizados y listos para responder con seguridad.
Por eso, el SARLAFT también se pone a prueba en estos momentos. La organización debe poder encontrar la información, validarla, organizarla, entregarla oportunamente y dejar evidencia de qué respondió, cuándo, cómo y por quién.
Este caso deja una reflexión importante: ¿la organización cuenta con un procedimiento actualizado para atender solicitudes de información de autoridades competentes y ese procedimiento realmente funcionaría si el requerimiento llegara hoy?
No se trata solo de tener un documento en el manual. Debe estar claro quién recibe la solicitud, quién verifica su alcance, quién controla el plazo, qué áreas participan, quién valida la información y qué soportes quedan de la respuesta.
La lección es sencilla: el mejor momento para descubrir que la información está dispersa, que el procedimiento está desactualizado o que falta trazabilidad no es cuando llega la Fiscalía. Es antes.
Una organización realmente preparada no solo tiene información. Puede encontrarla, validarla, explicarla y demostrarla cuando realmente se necesita.
Preparese este 17 de julio. no deje pasar la oportunidad de resolver este tipo de requerimientos con la mayor claridad y en relacion con la gestion de los reportes que se deben presentar a la UIAF intengrando a todo el gobierno de su organizacion solidaria (Junta/Cosejo, Revisoria, Auditoria, empleados de la organización)
