El año 2025 está llegando a su fin y el sector solidario comienza a prepararse para enfrentar los desafíos económicos del 2026. Los datos más recientes del DANE y las proyecciones del Banco de la República muestran un panorama de cautela: la inflación acumulada durante los primeros diez meses del año se ubica en 4,47%, mientras que la encuesta de expectativas del Banco Central sugiere que el cierre del año podría estar ligeramente por encima del 5,2%.
Esta tendencia indica que, aunque la inflación continúa descendiendo, lo hace a un ritmo más lento del esperado, manteniendo la presión sobre los costos, los márgenes operativos y las tasas de interés.
Tasas de interés: estabilidad con señales de resistencia
Después de tres meses consecutivos de incremento en los indicadores de inflación, el Banco de la República no descarta eventuales aumentos en su tasa de intervención. Sin embargo, los analistas coinciden en que el escenario más probable es una estabilidad de tasas durante lo que resta del año y el primer semestre de 2026.
El comportamiento del dólar, que recientemente ha mostrado una tendencia a la baja, junto con la incertidumbre política por las elecciones al Congreso y la Presidencia, serán factores determinantes en la evolución de las tasas. Por ahora, tanto las tasas de captación como las de colocación mantendrán cierta resistencia, afectando la estructura de financiamiento de las entidades solidarias.
El impacto del reajuste del salario mínimo
Uno de los puntos más esperados en el cierre de año es el reajuste del Salario Mínimo Legal Vigente, que varios analistas proyectan en torno al 12%. Este incremento tendría efectos directos sobre los gastos operativos, la inflación y la capacidad adquisitiva de los hogares, elementos que deben ser cuidadosamente considerados en la planeación presupuestal 2026.
Un entorno de mayores costos y nuevos desafíos
Aunque el sistema financiero colombiano mantiene altos niveles de liquidez, 2025 no ha sido un año de gran crecimiento económico. En cambio, ha representado para el sector solidario un periodo de transformaciones profundas: la implementación de la Guía de Buen Gobierno, la entrada en vigencia del modelo de pérdida esperada, y una reforma al régimen de insolvencia que ha generado un incremento en los casos presentados.
Estos cambios tendrán efectos importantes en la estructura de costos, provisiones y gestión de riesgos de las organizaciones solidarias, obligándolas a proyectar con mayor prudencia y bajo distintos escenarios.
Presupuestar con visión estratégica
La planeación del presupuesto 2026 debe considerar variables críticas como la inflación, las tasas de interés, el comportamiento del dólar y el reajuste del salario mínimo. En un entorno de mayores provisiones, costos crecientes y riesgo de mora, las entidades solidarias deberán ajustar sus estrategias de captación, colocación y rentabilidad.
La sostenibilidad dependerá de su capacidad para:
Evaluar escenarios económicos realistas
Fortalecer su modelo de gestión financiera
Tomar decisiones oportunas frente a la fijación de tasas
Implementar controles sobre el gasto operativo
Conscientes de estos desafíos, extendemos una cordial invitación a participar en el Seminario Taller: Elaboración de Presupuestos 2026, que se realizará este viernes 14 de noviembre.
Durante la jornada se analizarán:
Perspectivas macroeconómicas 2025–2026
Comportamiento esperado de la inflación y las tasas de interés
Estrategias para la proyección de ingresos y gastos
Impacto de la pérdida esperada en la planeación financiera
Herramientas de gestión para garantizar la sostenibilidad de los resultados
El 2026 será un año de ajustes, prudencia y decisiones estratégicas para el sector solidario. A pesar de la moderación en la inflación, los costos seguirán siendo altos, las tasas se mantendrán firmes y el entorno regulatorio exigirá una gestión más técnica y previsiva.
Prepararse desde ahora permitirá a las entidades fortalecer su sostenibilidad, anticipar riesgos y mantener su compromiso con el bienestar económico de sus asociados.
Seguramente en los últimos días has recibido llamadas de bancos u otras entidades financieras ofreciéndote créditos “preaprobados” con tasas que, a primera vista, parecen muy atractivas.
Es fácil dejarse llevar por estas ofertas, pero el verdadero panorama se revela después, cuando comparas cuotas y analizas a fondo: aparecen costos ocultos que nunca te mencionaron.
👉 Por eso, nuestra invitación es que te asesores adecuadamente y tomes decisiones informadas. En tu fondo de empleados / cooperativa, nunca encontrarás costos ocultos. Además, los intereses que pagas regresan a ti en forma de beneficios sociales y económicos, fortaleciendo a toda la comunidad asociada.
🌟 Ventajas de realizar tus créditos en tu entidad solidaria
📉Tasas competitivas, muchas de ellas con enfoque social que no encontrarás en el mercado tradicional.
🫶Servicio humano y cercano, alineado con los valores del sector solidario.
💸Descuento por nómina, que te brinda tranquilidad y evita preocupaciones mensuales de pagos.
🎁Beneficios colectivos: los intereses que pagas se reinvierten en actividades, programas sociales, obsequios y bienestar para todos los asociados.
Cuando realizas tus créditos en tu fondo o cooperativa, no solo haces realidad tus propios sueños: también contribuyes a que tus compañeros puedan acceder a más oportunidades. Es un círculo virtuoso de apoyo mutuo 💪
El Ministerio de Hacienda publicó recientemente dos proyectos de reforma al Decreto 1068 de 2015. Aunque en apariencia se trata de ajustes técnicos, lo cierto es que proponen transformaciones de fondo que impactan directamente a los fondos de empleados y a las cooperativas de ahorro y crédito.
Los cambios abarcan desde las operaciones que pueden realizar estas entidades, hasta la forma de calcular su patrimonio, los niveles de supervisión y la destinación de sus recursos de liquidez. En conjunto, configuran un nuevo escenario que obliga al sector solidario a detenerse, estudiar y pronunciarse.
El tiempo, sin embargo, es corto: el plazo para enviar comentarios vence el 7 de octubre.
1. Restricciones en las operaciones de los fondos de empleados
Uno de los aspectos más delicados del proyecto es que limita las operaciones que pueden realizar los fondos de empleados. En lugar de reconocer su diversidad y evolución, el texto copia de manera casi literal lo establecido para las cooperativas de ahorro y crédito: ahorro, crédito, factoring y algunos servicios de educación y bienestar.
Esto excluye otras actividades que muchos fondos han desarrollado con éxito durante años:
Tiendas y almacenes.
Casinos y restaurantes.
Servicios de afianzamiento.
Programas empresariales adicionales.
De aprobarse, estas iniciativas quedarían prohibidas, obligando a desmontarlas o separarlas de la estructura principal. En términos prácticos, significaría reducir la capacidad de los fondos de responder a las necesidades reales de sus asociados.
2. Supervisión más exigente: el salto al nivel uno
El proyecto también dispone que los fondos de empleados de categoría plena pasen automáticamente a nivel uno de supervisión. Esto trae consigo varias consecuencias:
Reportes mensuales (ya no trimestrales).
Incremento en las tarifas de supervisión.
Cumplimiento de obligaciones exclusivas del nivel uno.
En cálculos preliminares, más de 100 fondos de empleados superarían los topes establecidos (alrededor de 15.600 millones de pesos) y entrarían de inmediato en esta categoría.
No se trata solo de más controles. Es un cambio que implica mayores costos administrativos y operativos, lo cual inevitablemente se traduce en presión sobre la gestión y los resultados de estas entidades.
3. Fondo de liquidez: recursos dirigidos al Estado
Quizás el punto más polémico sea la modificación sobre el fondo de liquidez. Hasta ahora, las entidades podían diversificar su inversión, incluyendo CDTs y otros instrumentos del sistema financiero.
La propuesta establece que, para fondos y cooperativas de categoría plena, la liquidez solo podrá mantenerse en:
Cuenta de ahorros.
Cuenta corriente.
Bonos del gobierno.
En la práctica, esto significa que buena parte de los ahorros de los asociados terminarán financiando directamente al Estado, eliminando alternativas más rentables y seguras en el mercado financiero.
Es difícil no interpretar esta medida como una forma de captar recursos del sector solidario para cubrir necesidades fiscales del gobierno.
4. Lenguaje desactualizado y nuevas cargas
Más allá del fondo, el texto del proyecto evidencia problemas de forma. Continúa utilizando conceptos obsoletos como “valorizaciones”, “reajuste por inflación” o “reserva fiscal”, eliminados de la normativa contable hace décadas.
Además, exige trámites innecesarios, como compromisos adicionales para usar los excedentes, cuando la ley ya obliga a destinar al menos el 20% a reservas. En lugar de simplificar, se genera más burocracia tanto para las entidades como para la Superintendencia.
Otro punto crítico es la asignación de funciones técnicas a los comités de control social, como vigilar límites de concentración en créditos o captaciones. Estas tareas son de naturaleza contable y financiera, propias de la revisoría fiscal. Incluirlas en el control social desnaturaliza la figura, generando confusión y debilitando su verdadero rol.
5. Cambios técnicos en solvencia, patrimonio y garantías
El proyecto también introduce modificaciones de alto impacto en aspectos financieros clave:
Patrimonio técnico y solvencia: se crean nuevas relaciones (incluyendo apalancamiento) y se exige ponderar no solo por riesgo crediticio, sino también por riesgo de mercado. Las inversiones se medirán según calificación del emisor, y los créditos con ciertos porcentajes tendrán cargas más altas.
Garantías: se aclara que no son admisibles los títulos emitidos por la misma entidad (ejemplo: un crédito garantizado con un CDT propio). Esta definición afecta directamente el cálculo de la pérdida esperada.
Fondos de liquidez: ya no se limitarán solo al ahorro a la vista. Ahora deben cubrir exigibilidades a 30 días (10%) y a 31-540 días (5%). Esto incrementa de manera significativa los recursos inmovilizados, reduciendo flexibilidad financiera.
Captaciones y concentración: se establecen límites más estrictos, incluyendo la agrupación de operaciones de personas con vínculos familiares. Esto elimina la posibilidad de separar responsabilidades mediante acuerdos escritos, práctica común hasta ahora.
6. El contexto: demasiados frentes al mismo tiempo
Estos cambios llegan en un momento especialmente complejo para el sector solidario. En paralelo, las entidades deben:
Implementar el modelo de pérdida esperada.
Ajustarse a la nueva plataforma tecnológica de reporte.
Cumplir con normas de buen gobierno y transparencia.
El problema no es solo la conveniencia de los cambios, sino el momento en que se proponen. Exigir nuevas cargas de capital, reportes más estrictos y mayores exigencias de liquidez mientras se afrontan otros procesos puede desbordar las capacidades de gestión.
7. El papel de los gremios y la necesidad de un pronunciamiento colectivo
Una reforma de este alcance no puede enfrentarse de manera individual. El llamado es a que gremios como Analfe, Fecolfin, Confecoop, Ascoop entre otras para que articulen esfuerzos y presenten observaciones conjuntas.
La experiencia demuestra que una sola voz aislada tiene poco eco. Pero un pronunciamiento colectivo, respaldado por un análisis técnico sólido y acompañado de la participación activa de los asociados, sí puede influir en el resultado.
lo que está en juego
Más que un tema contable o normativo, esta reforma plantea un dilema de fondo: ¿qué papel quiere el Estado para el sector solidario?
Si los fondos de empleados y las cooperativas pierden capacidad de diversificar sus servicios, si deben inmovilizar más recursos y si su liquidez se dirige casi exclusivamente a financiar al gobierno, se afecta no solo su sostenibilidad, sino su misión social.
El sector solidario existe para generar bienestar, solidaridad y oportunidades a sus asociados. Por eso, es vital que no se quede callado, que participe en la discusión y que defienda su espacio como un actor legítimo y necesario en la economía colombiana.
El plazo vence el 7 de octubre. El momento de pronunciarse es ahora.
Recientemente elevé a la Superintendencia de la Economia Solidaria – SUPERSOLIDARIA una serie de preguntas ademas de algunas sugerencias que tienen como objetivo claridad a todas nuestras organizaciones en la gestión de:
1. RIESGO DE LIQUIDEZ (Circular Básica Contable Titulo IV capitulo III) (…)
2. Castigo de cartera de deudores personas jurídicas (…)
3. Baja en cuentas de remanentes de ex asociados y cuentas por pagar (…)
4. Compromiso de incremento de la reserva de protección de aportes para teneren cuenta una porción de los excedentes en el patrimonio adicional (…)
5. Formulario oficial de rendición de cuentas – programa SICSES – numeral 6 capitulo I título II CBC (…)
6.1.Reglamentar la cesión parcial de aportes
6.2. Aclarar DE MANERA EXPRESA si es posible o NO trasladar fondos patrimoniales no ejecutados al pasivo.
6.3. Reglamentar la transformación de una cooperativa o fondo de empleados en asociación mutual, especialmente que en el proceso se puedan trasladar al ahorro permanente los aportes sociales acumulados por los asociados dado que en las mutuales los aportes no se reintegran.
6.4. Reglamentar el uso del Fondo de Desarrollo Empresarial solidario de manera más expresa, tal como está el fondo de solidaridad y educación.
Durante el espacio del consultorio solidario desarrollado el lunes 8 de septiembre hablamos sobre la gestion de la cartera en las organizaciones solidarias y sobre ello logramos determinar varias cosas:
1. Panorama General
En junio de 2025, la cartera total consolidada alcanzó los $32.946 millones, de los cuales $30.588 millones corresponden a cartera en categoría A y $653 millones en categoría B. La mora total asciende a $1.746 millones. El Índice de Calidad de Cartera (ICC) por mora se ubicó en 3,17%, mientras que el ICC por riesgo cerró en 3,87%.
2. Segmentación por Tipo de Entidad
a) Asociaciones y Fondos de Empleados (AF)
Presentan los niveles más altos de deterioro relativo.
Segmentos críticos:
AF hasta $10 millones: ICC mora 11,85% e ICC riesgo 13,22%.
AF $10–$20 millones: ICC mora 8,56% e ICC riesgo 10,07%.
AF $200–$400 millones: ICC mora 8,66% e ICC riesgo 10,88%.
Estos indicadores superan ampliamente el promedio del sistema, lo que refleja riesgos de liquidez y sostenibilidad en estas escalas de operación.
b) Fondos de Empleados (FE)
En general, presentan mejores indicadores de calidad.
Los segmentos con mejor comportamiento:
FE hasta $1 mil millones: ICC mora 1,41%, ICC riesgo 1,76%.
FE $1–$5 mil millones: ICC mora 1,77%, ICC riesgo 2,20%.
Sin embargo, en montos altos se observa presión creciente, especialmente en el rango FE >$200 mil millones, con ICC riesgo de 4,59%.
c) Cooperativas de Crédito (Crediticia)
Presentan comportamientos heterogéneos.
Casos críticos:
Crediticia >$100 mil millones: ICC mora 10,82%, ICC riesgo 11,89%.
Segmentos intermedios ($5–$50 mil millones) mantienen niveles entre 5% y 7%.
3. Principales Alertas
Concentración de Riesgo en fondos y asociaciones pequeñas y medianas, especialmente en AF, donde el deterioro es significativo.
Crecimiento de mora en entidades de gran tamaño, como Crediticias y AF de mayor escala, lo que implica riesgos sistémicos.
Segmentos verdes (FE pequeños y medianos) muestran estabilidad, siendo referentes de buenas prácticas de gestión de riesgo.
El reporte evidencia 13 entidades en las que el cálculo del ICC riesgo resulta inferior al ICC mora, lo cual contradice la lógica prudencial, dado que el riesgo debe ser siempre igual o mayor que la mora.
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Tambien hablamos de: 🔹 Indicadores de calidad de cartera a junio 2025 y estrategias de gestión del riesgo. 🔹 Cambios recientes en la normativa de insolvencia y cómo afectan al sector. 🔹 Oportunidades de financiación de vivienda con recursos de Findeter. 🔹 Reforma laboral y tributaria: efectos sobre las entidades solidarias. 🔹 Actualización sobre reporte ADA y modificaciones al SICSES. 🔹 Uso estratégico del FODES para innovación tecnológica y transformación digital. 🔹 Invitación al seminario de insolvencia y próximos eventos académicos.