Conozca los errores contables más frecuentes en organizaciones solidarias y cómo corregirlos para un cierre contable y fiscal impecable según Supersolidaria y NIIF. CLIC AQUÍ
Además de corregir los errores contables del sector solidario, las entidades deben prepararse para los retos técnicos y regulatorios que marcarán el cierre contable y fiscal 2025
Perspectivas macroeconómicas 2026: riesgos y oportunidades
El entorno económico proyecta retos en:
Riesgo de cartera
Liquidez
Tasa de interés
Desempeño social y financiero
Un cierre adecuado permite tomar decisiones estratégicas con información confiable
Cambios del programa ADA – Supersolidaria
La actualización del programa ADA exige cierres más limpios:
Validaciones automáticas
Detección de errores contables
Análisis de inconsistencias entre estados financieros y reportes
Las entidades con errores recurrentes tendrán mayores requerimientos.
Proyecto de distribución de excedentes
Un cierre con errores afecta directamente la distribución correcta:
Fondos sociales
Fondos obligatorios
Recursos institucionales
Destinación aprobada por asamblea
Régimen tributario en renta: actualizaciones y jurisprudencia
Cambios recientes afectan:
Ingresos no constitutivos de renta
Excedentes
Depuraciones y deducciones
Reconocimientos contables que impactan la base fiscal
Partidas críticas del cierre según NIIF y Supersolidaria
Su organización debe asegugar una buena contabilización de:
Provisiones
Deterioro de cartera (pérdida esperada)
Activos fijos
Pasivos estimados
Clasificación de inversiones
Fondos sociales
Revelaciones mínimas e informes de riesgos
El cierre contable debe incluir:
Notas completas y consistentes
Informe de riesgos alineado con SARLAFT, SARO, SARC y SARL
Informe de buen gobierno actualizado
Informes de gestión y control social
Las organizaciones deben asegurar que los informes:
Reflejen la situación financiera real
Cumplan con los indicadores sociales
Sean coherentes con los estados financieros
Evaluación de la hipótesis de negocio en marcha
Incluye:
Liquidez proyectada
Riesgos estratégicos
Sostenibilidad
Revelación detallada
Información digital posterior a la asamblea (Supersolidaria)
Deben enviarse:
Reformas de estatutos
Estados financieros legalizados
Actas
Certificaciones
Reporte de información financiera digitalizada
Normativa nueva y exigencias para 2025–2026
Incluye:
Buen Gobierno
Balance Social
FATCA y CRS
Nueva NIIF para PYMES 2025
Ajustes en pérdida esperada para entidades de II nivel
Dé el siguiente paso hacia un cierre ordenado y una planeación 2026 con mayor claridad y control.
El Ministerio de Hacienda publicó recientemente dos proyectos de reforma al Decreto 1068 de 2015. Aunque en apariencia se trata de ajustes técnicos, lo cierto es que proponen transformaciones de fondo que impactan directamente a los fondos de empleados y a las cooperativas de ahorro y crédito.
Los cambios abarcan desde las operaciones que pueden realizar estas entidades, hasta la forma de calcular su patrimonio, los niveles de supervisión y la destinación de sus recursos de liquidez. En conjunto, configuran un nuevo escenario que obliga al sector solidario a detenerse, estudiar y pronunciarse.
El tiempo, sin embargo, es corto: el plazo para enviar comentarios vence el 7 de octubre.
1. Restricciones en las operaciones de los fondos de empleados
Uno de los aspectos más delicados del proyecto es que limita las operaciones que pueden realizar los fondos de empleados. En lugar de reconocer su diversidad y evolución, el texto copia de manera casi literal lo establecido para las cooperativas de ahorro y crédito: ahorro, crédito, factoring y algunos servicios de educación y bienestar.
Esto excluye otras actividades que muchos fondos han desarrollado con éxito durante años:
Tiendas y almacenes.
Casinos y restaurantes.
Servicios de afianzamiento.
Programas empresariales adicionales.
De aprobarse, estas iniciativas quedarían prohibidas, obligando a desmontarlas o separarlas de la estructura principal. En términos prácticos, significaría reducir la capacidad de los fondos de responder a las necesidades reales de sus asociados.
2. Supervisión más exigente: el salto al nivel uno
El proyecto también dispone que los fondos de empleados de categoría plena pasen automáticamente a nivel uno de supervisión. Esto trae consigo varias consecuencias:
Reportes mensuales (ya no trimestrales).
Incremento en las tarifas de supervisión.
Cumplimiento de obligaciones exclusivas del nivel uno.
En cálculos preliminares, más de 100 fondos de empleados superarían los topes establecidos (alrededor de 15.600 millones de pesos) y entrarían de inmediato en esta categoría.
No se trata solo de más controles. Es un cambio que implica mayores costos administrativos y operativos, lo cual inevitablemente se traduce en presión sobre la gestión y los resultados de estas entidades.
3. Fondo de liquidez: recursos dirigidos al Estado
Quizás el punto más polémico sea la modificación sobre el fondo de liquidez. Hasta ahora, las entidades podían diversificar su inversión, incluyendo CDTs y otros instrumentos del sistema financiero.
La propuesta establece que, para fondos y cooperativas de categoría plena, la liquidez solo podrá mantenerse en:
Cuenta de ahorros.
Cuenta corriente.
Bonos del gobierno.
En la práctica, esto significa que buena parte de los ahorros de los asociados terminarán financiando directamente al Estado, eliminando alternativas más rentables y seguras en el mercado financiero.
Es difícil no interpretar esta medida como una forma de captar recursos del sector solidario para cubrir necesidades fiscales del gobierno.
4. Lenguaje desactualizado y nuevas cargas
Más allá del fondo, el texto del proyecto evidencia problemas de forma. Continúa utilizando conceptos obsoletos como “valorizaciones”, “reajuste por inflación” o “reserva fiscal”, eliminados de la normativa contable hace décadas.
Además, exige trámites innecesarios, como compromisos adicionales para usar los excedentes, cuando la ley ya obliga a destinar al menos el 20% a reservas. En lugar de simplificar, se genera más burocracia tanto para las entidades como para la Superintendencia.
Otro punto crítico es la asignación de funciones técnicas a los comités de control social, como vigilar límites de concentración en créditos o captaciones. Estas tareas son de naturaleza contable y financiera, propias de la revisoría fiscal. Incluirlas en el control social desnaturaliza la figura, generando confusión y debilitando su verdadero rol.
5. Cambios técnicos en solvencia, patrimonio y garantías
El proyecto también introduce modificaciones de alto impacto en aspectos financieros clave:
Patrimonio técnico y solvencia: se crean nuevas relaciones (incluyendo apalancamiento) y se exige ponderar no solo por riesgo crediticio, sino también por riesgo de mercado. Las inversiones se medirán según calificación del emisor, y los créditos con ciertos porcentajes tendrán cargas más altas.
Garantías: se aclara que no son admisibles los títulos emitidos por la misma entidad (ejemplo: un crédito garantizado con un CDT propio). Esta definición afecta directamente el cálculo de la pérdida esperada.
Fondos de liquidez: ya no se limitarán solo al ahorro a la vista. Ahora deben cubrir exigibilidades a 30 días (10%) y a 31-540 días (5%). Esto incrementa de manera significativa los recursos inmovilizados, reduciendo flexibilidad financiera.
Captaciones y concentración: se establecen límites más estrictos, incluyendo la agrupación de operaciones de personas con vínculos familiares. Esto elimina la posibilidad de separar responsabilidades mediante acuerdos escritos, práctica común hasta ahora.
6. El contexto: demasiados frentes al mismo tiempo
Estos cambios llegan en un momento especialmente complejo para el sector solidario. En paralelo, las entidades deben:
Implementar el modelo de pérdida esperada.
Ajustarse a la nueva plataforma tecnológica de reporte.
Cumplir con normas de buen gobierno y transparencia.
El problema no es solo la conveniencia de los cambios, sino el momento en que se proponen. Exigir nuevas cargas de capital, reportes más estrictos y mayores exigencias de liquidez mientras se afrontan otros procesos puede desbordar las capacidades de gestión.
7. El papel de los gremios y la necesidad de un pronunciamiento colectivo
Una reforma de este alcance no puede enfrentarse de manera individual. El llamado es a que gremios como Analfe, Fecolfin, Confecoop, Ascoop entre otras para que articulen esfuerzos y presenten observaciones conjuntas.
La experiencia demuestra que una sola voz aislada tiene poco eco. Pero un pronunciamiento colectivo, respaldado por un análisis técnico sólido y acompañado de la participación activa de los asociados, sí puede influir en el resultado.
lo que está en juego
Más que un tema contable o normativo, esta reforma plantea un dilema de fondo: ¿qué papel quiere el Estado para el sector solidario?
Si los fondos de empleados y las cooperativas pierden capacidad de diversificar sus servicios, si deben inmovilizar más recursos y si su liquidez se dirige casi exclusivamente a financiar al gobierno, se afecta no solo su sostenibilidad, sino su misión social.
El sector solidario existe para generar bienestar, solidaridad y oportunidades a sus asociados. Por eso, es vital que no se quede callado, que participe en la discusión y que defienda su espacio como un actor legítimo y necesario en la economía colombiana.
El plazo vence el 7 de octubre. El momento de pronunciarse es ahora.
El informe de gestión no es un simple requisito legal. Es la radiografía del desempeño de una organización solidaria. En un entorno donde la confianza y la transparencia son esenciales, este documento debe convertirse en una herramienta estratégica. Debe evidenciar no solo el cumplimiento normativo, sino también la generación de valor para los asociados, empleados e interesados en nuestra organización.
En el sector solidario, Cooperativas, Fondos de Empleados y Mutuales; el reto va más allá de presentar cifras. Se trata de conectar el desempeño financiero con el impacto social y el valor compartido. Todo esto en un lenguaje que combine rigor técnico y claridad operativa.
1️⃣ La Evolución del Negocio: Datos vs. Realidad Operativa
El primer componente del informe de gestión debe responder a una pregunta clave:
¿Cumplimos nuestro propósito social y económico?
Para ello, no basta con listar indicadores financieros. Se requiere un análisis crítico:
✅ ¿El crecimiento de los ingresos refleja realmente un fortalecimiento en la capacidad de atender a los asociados?
✅ ¿Los indicadores de crédito y ahorro están alineados con las necesidades reales de nuestros asociados?
✅ ¿El modelo de negocio está preparado para los nuevos desafíos regulatorios y tecnológicos?
La presentación de la evolución del negocio debe apoyarse en modelos comparativos de desempeño. Estos contrastan los objetivos estratégicos con los resultados alcanzados.
📌 Recomendación: Usa gráficos de tendencias, mapas de calor y tableros de control. Estas herramientas facilitan la lectura y generan una visión clara del estado de la organización.
2️⃣ Transparencia Financiera y Viabilidad: Más que Estados Financieros
Los estados financieros por sí solos no cuentan la historia completa. Para que un informe de gestión sea realmente útil, debe incluir:
✔️ Análisis de rentabilidad social: No solo cuánto se ganó, sino cómo se reinvirtió en la comunidad y los asociados.
✔️ Gestión del riesgo financiero: Identificación y mitigación de riesgos en liquidez, cartera y mercado.
✔️ Escenarios de viabilidad: Simulaciones de estrés financiero que anticipen amenazas y oportunidades.
📌 Clave técnica: Implementa análisis de sensibilidad financiera. Evalúa cómo variaciones en tasas de interés, inflación y comportamiento de los asociados afectan la sostenibilidad.
3️⃣ Riesgos y Cumplimiento: El Talón de Aquiles de Muchas Entidades
La normativa solidaria ha evolucionado. Con ella, también la responsabilidad de las organizaciones en la gestión de riesgos. No basta con decir «cumplimos con SARLAFT y SARC». Es fundamental demostrar:
⚠️ Mecanismos de prevención: ¿Cómo se identifica y mitiga el riesgo en tiempo real?
⚠️ Cultura de riesgo: ¿Los empleados y directivos comprenden su rol en la gestión de riesgos o es solo un «checklist» de cumplimiento?
⚠️ Evidencia de control: ¿Existen matrices dinámicas de monitoreo y auditoría que respalden las decisiones?
📌 Punto crítico: La Superintendencia de la Economía Solidaria y la UIAF han intensificado la vigilancia en temas de riesgo financiero y lavado de activos. Un informe de gestión robusto en este aspecto no solo garantiza cumplimiento, sino que fortalece la credibilidad de la entidad.
4️⃣ Gobierno Corporativo y Buenas Prácticas: Un Informe No Es Solo Para la Asamblea
El informe de gestión no debe verse como un documento para salir del paso en la asamblea general. Debe convertirse en un instrumento de liderazgo y proyección estratégica.
💡 ¿Qué debe incluir un modelo sólido de buen gobierno en el informe?
✔️ Toma de decisiones basada en datos:Cómo la junta directiva y el comité de control social usan la información financiera para mejorar la organización.
✔️ Indicadores de participación: Niveles de involucramiento de los asociados en la gestión y toma de decisiones.
✔️ Evaluación de gestión directiva: Resultados cuantificables del impacto de las acciones gerenciales.
📌 Perspectiva avanzada: La tendencia en gobierno corporativo apunta a la implementación de modelos de transparencia basada en blockchain. También auditorías externas continuas para reforzar la confianza.
5️⃣ Impacto Social y Balance Social: El Factor Diferencial
La gran diferencia entre una entidad solidaria y una empresa tradicional es el impacto social. Sin embargo, muchas organizaciones siguen reportando su balance social de manera subjetiva y poco estructurada.
🔍 ¿Cómo medir realmente el impacto social?
✅ Transferencias solidarias: Monto y número de beneficiarios directos e indirectos.
✅ Acceso a crédito con enfoque social: Cuántos asociados han mejorado su calidad de vida gracias a la organización.
✅ Educación y bienestar: Inversión en formación y asistencia técnica a los asociados.
📌 Revolucionando el Balance Social.
Conclusión: Las entidades solidarias que entiendan el informe de gestión como una herramienta estratégica marcarán la diferencia.
El reto está en transformar la forma en que se presentan y utilizan los informes de gestión. Convertirlos en un activo estratégico asegurará la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones solidarias.
🔍 ¿Tu entidad está lista para dar este paso? 🚀
El 12 de febrero, profundizamos en cómo optimizar los informes de gestión con herramientas prácticas.
En julio de 2020 junto con el reporte de junio del mismo año, debe enviarse este nuevo reporte que consta de más de 41 indicadores y más de 1000 datos estadísticos para medir el balance social.
Cada año deberá enviarse a la Supersolidaria con el fin del ejercicio y presentarse en la Asamblea. En mi opinión personal este tipo de reportes no son parte de la función MISIONAL de la Supersolidaria que son Inspección, Vigilancia y Control: cumplimiento de normas, gestión de riesgos, protección de aportes, ahorros, de los derechos y obligaciones de asociados y directivos.
Es un gran trabajo elaborar esas tablas y recolectar datos de los cuales hoy no dispone el sector solidario y tardaran años. Además que los asociados van a ser reacios de aportar alguna información como la raza, (¿para que?) en Colombia todos somos mestizos. Seguramente va a improvisar enviando la poca información disponible que tenga al respecto.
Dudo que la Supersolidaria pueda con esa información de escasa calidad efectuar algún trabajo que contribuya verdaderamente el cumplimiento de su MISIÓN establecida por LEY. En general, no creo que este nuevo reporte sea de ninguna utilidad social, financiera, legal; ni para la Supersolidaria, ni para el sector y bien podrían haberse cumplido los objetivos solo con el anexo 2 y 3.
Buena Suerte a todos: Supersolidaria y Vigilados. No quiero ser ave de mal agüero pero creo que «este hijo nació muerto»
