En los últimos meses muchas cooperativas, fondos de empleados y entidades del sector solidario han comenzado a hablar de un tema que hasta hace poco no estaba en el radar de muchas organizaciones: la adopción de un Código de Buen Gobierno conforme a la Guía expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

La razón de esta situación es la Circular Externa 94 del 30 de diciembre de 2025, una norma que establece nuevas orientaciones para fortalecer las prácticas de gobierno en las organizaciones solidarias.

He tenido la oportunidad de asesorar a algunas entidades en la elaboración de este documento y, a partir de esa experiencia, quiero explicar de manera sencilla qué exige la norma, qué entidades deben adoptarla y cómo puede implementarse de manera práctica.

El origen de la obligación: la Circular Externa 94 de 2025

La iniciativa de adoptar un Código de Buen Gobierno actualizado surge de la Circular Externa 94 emitida el 30 de diciembre de 2025 por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Esta circular puede consultarse directamente en la página web de la Superintendencia, ingresando a la sección: Normativa → Circulares Externas → Año 2025

Allí se encuentra la circular que introduce una Guía de Buen Gobierno compuesta por 124 recomendaciones dirigidas a fortalecer la gestión y la transparencia de las organizaciones del sector solidario.

Qué entidades deben adoptar el Código de Buen Gobierno

La circular establece que deben implementar esta guía principalmente:

• Cooperativas de ahorro y crédito
• Fondos de empleados de categoría plena
• Fondos de empleados de categoría intermedia
• Otras entidades del primer nivel de supervisión

Sin embargo, los plazos de implementación varían según el tipo de entidad.

Entidades con plazo hasta marzo de 2026

Para las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados de categoría plena, la guía aplica a partir del 1 de abril de 2026.

Esto significa que el Código de Buen Gobierno debe estar aprobado a más tardar el 31 de marzo de 2026, lo cual coincide con el periodo en que muchas organizaciones realizan sus asambleas ordinarias.

Entidades con plazo hasta julio de 2026

En el caso de los fondos de empleados de categoría intermedia, el plazo llega hasta el 1 de julio de 2026. Esto permite que las entidades puedan:

• aprobar el código en la asamblea ordinaria, o
• convocar una asamblea extraordinaria entre abril y junio para su aprobación.

Entidades donde la adopción es voluntaria

Para las cooperativas o fondos de empleados de categoría básica, es decir aquellas con activos inferiores a aproximadamente seis mil millones de pesos, la adopción del código no es obligatoria sino voluntaria.

La Asamblea General es quien debe aprobar el Código

Un punto importante es que el Código de Buen Gobierno debe ser adoptado por la Asamblea General.

Esta disposición se encuentra en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, específicamente en el Título IV, Capítulo 8, donde se regula el régimen de buen gobierno para las entidades del sector solidario.

En otras palabras, el código no puede aprobarse únicamente por el consejo de administración o la junta directiva.
Debe ser la Asamblea de asociados o delegados quien lo adopte formalmente.

La guía contiene 124 recomendaciones de buen gobierno

La Guía de Buen Gobierno expedida por la Superintendencia incluye 124 recomendaciones relacionadas con diferentes aspectos de la gestión institucional, entre ellos:

• funcionamiento de los órganos de administración
• políticas de revelación de información
• reglas para el manejo de conflictos de interés
• funcionamiento de los órganos de control
• políticas de gastos y funcionamiento de órganos directivos
• principios de ética organizacional

Sin embargo, no todas las recomendaciones tienen el mismo carácter.

El principio “Adopte o Explique”

Uno de los elementos centrales de la guía es el principio conocido como “Adopte o Explique”. Esto significa que las entidades deben revisar cada recomendación y decidir:

• si la adoptan, o
• si explican las razones por las cuales no la implementan.

Sin embargo, hay que tener claro que este principio no permite dejar de aplicar normas obligatorias. Cuando una recomendación tiene origen legal, su cumplimiento es obligatorio.

El reporte a la Superintendencia

Las entidades deberán informar a la Superintendencia el nivel de implementación de la guía. Este reporte deberá indicar:

• qué recomendaciones se adoptaron
• cuáles no se adoptaron
• y cuáles fueron las razones para no hacerlo.

El primer informe deberá presentarse un año después de finalizado el plazo de implementación, lo que en muchos casos corresponderá aproximadamente a abril de 2027.

Por qué muchas entidades están creando un nuevo Código de Buen Gobierno

En muchas organizaciones ya existían códigos de buen gobierno elaborados años atrás. Sin embargo, en la práctica surge una dificultad: esos documentos no siguen el mismo orden de la guía de la Superintendencia. Cuando una entidad debe pronunciarse sobre cada una de las 124 recomendaciones, resulta muy complejo tratar de ubicar cada tema dentro de un documento que fue estructurado de otra manera. Por esta razón, en varios procesos de asesoría se ha optado por una solución práctica: derogar el código anterior y aprobar un nuevo documento que siga exactamente el mismo orden de la guía. De esta manera, cada numeral de la guía tiene su desarrollo directo dentro del código.

Cómo identificar qué es obligatorio y qué es voluntario

Dentro de la guía existen recomendaciones que son obligatorias y otras que son voluntarias.

En algunos documentos de trabajo estas disposiciones se resaltan en color salmón, lo cual permite identificar fácilmente cuáles corresponden a obligaciones legales.

Lo que no está resaltado corresponde a recomendaciones que las entidades pueden adoptar o explicar.

El tema de los seis años en los órganos directivos

Uno de los temas que suele generar debate es el relacionado con la permanencia de las personas en los órganos de dirección.

En algunos espacios se ha interpretado que una persona no puede permanecer más de seis años en un órgano directivo, lo cual no corresponde exactamente a lo que establece la normativa.

El Decreto 962 de 2018 señala que si la organización permite permanencias superiores a seis años, deberá establecer condiciones para la participación posterior de esas personas en otros órganos.

Esto significa que la norma no prohíbe la permanencia superior a seis años, sino que establece reglas para el tránsito hacia otros órganos.

Algunas políticas que deben definirse obligatoriamente

Entre las disposiciones obligatorias que deben desarrollarse dentro del código se encuentran, por ejemplo:

• las políticas de revelación de información
• las condiciones de participación de suplentes en órganos directivos
• las políticas de atención de gastos
• los presupuestos de funcionamiento de los órganos de administración y control

La norma exige que estas políticas se establezcan y documenten, aunque permite que cada entidad defina sus propios parámetros.

Integrar varios documentos en uno solo

En algunos casos resulta útil integrar varios instrumentos institucionales dentro de un mismo documento. Por ejemplo:

• el Código de Buen Gobierno
• el Código de Ética
• el manual de conflicto de intereses y uso de información privilegiada (como anexo)

Esto permite que la entidad cuente con un documento integral de gobierno organizacional.

Cómo socializar el código antes de la Asamblea

Dado que la circular fue expedida el 30 de diciembre de 2025, muchas entidades se encontraron con plazos muy ajustados para su implementación.

Por esta razón, una estrategia útil consiste en:

• enviar el documento a los asociados o delegados con anticipación
• compartir material explicativo o videos de sustentación
• realizar una jornada virtual de socialización antes de la Asamblea

De esta manera, cuando llegue el momento de la aprobación, los participantes ya habrán tenido la oportunidad de leer, analizar y formular observaciones.

Más que una obligación normativa

Más allá del cumplimiento de una circular, la adopción del Código de Buen Gobierno representa una oportunidad para que las organizaciones solidarias revisen sus prácticas institucionales.

La guía propone recomendaciones que pueden contribuir a mejorar:

• la transparencia
• la gestión institucional
• la rendición de cuentas
• el manejo de conflictos de interés

En ese sentido, el proceso de adopción del código puede convertirse en un ejercicio valioso para fortalecer el gobierno de nuestras organizaciones solidarias.