La implementación de la nueva plataforma ADA, que reemplaza al SICSES, ha incorporado una serie de validaciones automáticas que, lejos de facilitar el proceso de reporte, están generando riesgos operativos, reprocesos innecesarios y una alta probabilidad de incumplimientos generalizados en el sector solidario.

Uno de los casos más evidentes se presenta en las líneas de emprendimiento y microcrédito, donde la plataforma valida que el valor inicial del crédito no supere los topes legales definidos en salarios mínimos para el año de desembolso. En principio, el criterio es correcto; sin embargo, la forma en que fue implementado resulta desproporcionada y poco funcional.

Un ejemplo que ilustra el problema

Para el año 2023, el microcrédito productivo urbano tenía un tope aproximado de 6 salarios mínimos, es decir, cerca de $6.960.000. Al registrar un crédito exactamente por ese valor, el sistema no validaba el formato. La única forma de lograr la validación fue registrar un valor inferior por un peso, por ejemplo $6.959.999.

El problema no es el monto en sí, sino la rigidez de la validación. Situaciones similares se están presentando con créditos de mayor valor, donde el sistema rechaza operaciones históricas perfectamente válidas solo porque el valor registrado coincide o supera por un margen mínimo el tope calculado automáticamente en salarios mínimos.

Este tipo de validaciones, que antes no existían en SICSES, obligan a las entidades a realizar ajustes artificiales en la información, afectando la calidad del dato y generando inconsistencias que no responden a la realidad económica de las operaciones.

Un impacto masivo e inminente

El escenario se vuelve aún más complejo si se considera que más de 3.400 entidades deberán reportar información en plazos muy ajustados. En muchos casos, el sistema activa formatos que no corresponden o impide generar el reporte, obligando a las entidades a enviar solicitudes formales para que se les desactiven formatos.

Es poco realista pensar que la Supersolidaria pueda atender, en cuestión de semanas, miles de solicitudes individuales para corregir problemas que son estructurales del sistema. El riesgo de congestión administrativa y de incumplimientos masivos es evidente.

¿Qué alternativas razonables existen?

Desde una perspectiva técnica y de gestión del riesgo, existen opciones mucho más sensatas:

• Ajustar o eliminar validaciones excesivamente rígidas que no aportan control real.
• Ampliar los plazos de reporte mientras el sistema se estabiliza.
• Implementar pilotos controlados con un grupo reducido de entidades (cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados, mutuales), validar el funcionamiento real del sistema y solo después extender la obligación al resto del sector.
• Permitir el reporte de cierre de ejercicio con criterios de transición, evitando sancionar errores que provienen de fallas del sistema y no de la gestión de las entidades.

La improvisación en plataformas de reporte regulatorio no fortalece la supervisión; por el contrario, debilita la confianza y expone innecesariamente al sector.

Un espacio para aclarar y anticiparse

En este contexto, resulta fundamental que las entidades comprendan a fondo cómo funcionan estas validaciones, qué errores son frecuentes y cómo prepararse para minimizar riesgos en el reporte. Precisamente, estos temas —y muchos otros que hoy están generando inquietud— serán abordados de manera práctica en el seminario del próximo 30, orientado a la elaboración, cargue, validación y reporte de información financiera y estadística a la Supersolidaria bajo la nueva plataforma ADA.

Más allá de la teoría, la experiencia práctica demuestra que enfrentarse al sistema sin una comprensión previa puede derivar en sorpresas poco agradables, especialmente cuando los vencimientos ya están encima.

🔗 Información del seminario:
https://diegobetancour.com.co/seminario/elaboracion-cargue-validacion-y-reporte-de-informacion-financiera-y-estadistica-a-la-supersolidaria-con-la-nueva-plataforma-ada-que-reemplazara-al-sicses/