Corrieron los plazos hasta el 31 de agosto para definir las medidas que adoptarán y su impacto financiero en el flujo de caja y en los estados financieros plan que debían presentar a la SES las cooperativas de ahorro y crédito este viernes 14. Se aclara el tratamiento de la calificación y las provisiones estableciendo que para ser objeto de las medidas de modificación el deudor no debe haber tenido una mora superior a 60 dias para consumo en los últimos seis meses para lo cual se deben revisar los seis meses hacia atrás contando desde el mes en el cual está solicitando la modificación. Lo mismo establece que para efectos de otorgar la calificación ahora que terminan los periodos de gracia se debe tomar la calificación que tenia al momento de otorgarle el alivio y de allí iniciar el deterioro por altura de mora pudiendo eso sí, darle una calificación de riesgo mayor según la evaluación de riesgo que se haga ahora o a mas tardar en la evaluación de cartera del 30 de noviembre de 2020.
Establece adicionalmente un nuevo formato que deberá empezar a reportarse con los reportes de agosto y septiembre en adelante señalando los créditos objeto de alivio de la circular 17 los cuales solo podrán aplicarse hasta después de que la Junta o Consejo Apruebe las respectivas medidas y sobre las cuales deberán reportar la decisión y los impactos evaluados en caja y resultados hasta el 31 de agosto las cooperativas de ahorro y crédito y las demás entidades tener ese análisis a disposición de la Supersolidaria.
Me temo que a los créditos objeto de alivio la SES le hará un seguimiento muy estricto así que eventualmente las modificaciones podrían quedar en un terreno gris donde no faltaran las discusiones sobre si deberían mas bien tratarse como reestructuraciones. Cada entidad entonces decidirá que hacer pero, en lo personal, me parecen de una gran complejidad las medidas de la circular 17 y sigo pensando que es mejor reestructurar al que pueda demostrar alguna capacidad de pago, efectuar novaciones y retanqueos con los asociados no afectados para comprarles cartera y solamente otorgar alivios caso a caso, a deudores que pueda comprobarse o verificarse que se han visto afectados en sus ingresos materialmente. Estas medidas deberían limitarse mucho. Aquellas entidades que puedan, recomiendo evaluar si cambiar los auxilios, obsequios y fiestas tradicionales de fin de año por auxilios a éstos asociados consistentes en el no cobro de intereses durante el segundo semestre del año.
En julio de 2020 junto con el reporte de junio del mismo año, debe enviarse este nuevo reporte que consta de más de 41 indicadores y más de 1000 datos estadísticos para medir el balance social.
Cada año deberá enviarse a la Supersolidaria con el fin del ejercicio y presentarse en la Asamblea. En mi opinión personal este tipo de reportes no son parte de la función MISIONAL de la Supersolidaria que son Inspección, Vigilancia y Control: cumplimiento de normas, gestión de riesgos, protección de aportes, ahorros, de los derechos y obligaciones de asociados y directivos.
Es un gran trabajo elaborar esas tablas y recolectar datos de los cuales hoy no dispone el sector solidario y tardaran años. Además que los asociados van a ser reacios de aportar alguna información como la raza, (¿para que?) en Colombia todos somos mestizos. Seguramente va a improvisar enviando la poca información disponible que tenga al respecto.
Dudo que la Supersolidaria pueda con esa información de escasa calidad efectuar algún trabajo que contribuya verdaderamente el cumplimiento de su MISIÓN establecida por LEY. En general, no creo que este nuevo reporte sea de ninguna utilidad social, financiera, legal; ni para la Supersolidaria, ni para el sector y bien podrían haberse cumplido los objetivos solo con el anexo 2 y 3.
Buena Suerte a todos: Supersolidaria y Vigilados. No quiero ser ave de mal agüero pero creo que «este hijo nació muerto»
La Pandemia del COVID 19, las medidas de confinamiento y distanciamiento social y sus efectos en el sector solidario vigilado por la Supersolidaria
La forma en que la parálisis de los sectores productivos durante casi tres meses y el lento retorno a la actividad productiva de la mayoría de ellos pueda afectar al sector solidario varía mucho dependiendo del sector económico al cual pertenezcan sus asociados:
Los Fondos de Empleados en principio se verán afectados tanto como se afecten las nóminas de las empresas patronales (las que generan el vínculo común de asociación). Observando los 185 fondos de empleados con más de $10 mil millones de activos (13,55% del total de Fondos) quienes concentran el 36% de los empleos generados por el subsector, agrupan el 57% de sus asociados y concentran el 79% de sus activos; se observa que la mayoría está vinculado con empresas que tienen gran capacidad económica o no se verán tan afectados con la contingencia o se recuperarán fácilmente como son:
El Fondo de Empleados de Ecopetrol, CAVIPETROL que tiene $1,5 billones de activos.
El Fondo de Empleados de los Médicos PROMEDICO con casi medio billón de pesos de activos, que precisamente se esperaría en medio de la Pandemia tendrían más trabajo, la verdad es que un sector importante con ellos no relacionados con la atención de pacientes con problemas respiratorios (cirujanos estéticos, traumatólogos, cardiólogos etc.) verán reducido de manera importante el volumen de atención de consulta externa y otros procedimientos quirúrgicos.
El tercer fondo más grande es Presente de Almacenes Éxito que por estar vinculado a la distribución de alimentos y bienes de primera necesidad no debería afectarse gravemente por la pérdida de asociados debido a la pérdida de su empleo o la disminución de sus ingresos.
Si seguimos en el listado, los Fondos de Empleados más grandes de Colombia están vinculados con el sector Financiero, el sector de servicios públicos, laboratorios farmacéuticos, el magisterio, sector de la construcción y cementero, infraestructura, Grandes Superficies, industria alimenticia y servicios de vigilancia.
En general es de esperarse que la mayoría del subsector de Fondos de Empleados salga en buenas condiciones de la Pandemia, pero no indemne debido a:
Los Fondos de Empleados de empresas que suministran trabajadores temporales o en misión verán drásticamente reducido su nivel de asociados cuyos contratos serán suspendidos o cancelados.
Los Fondos de Empleados de las empresas de transporte masivo a nivel nacional y de distribución de combustibles saldrán igualmente gravemente afectados.
Los Fondos de Empleados del sector Hotelero, Turístico, Restaurantes, Discotecas, Bares, sector comercial y similares presentan el panorama más oscuro pues el sector económico al cual pertenecen sus asociados tienen una mayor incertidumbre a mediano plazo y posiblemente tengan los recortes más severos de personal y por ende la pérdida de asociados será tan grave que probablemente haga inviable la operación del Fondo de Empleados a mediano plazo.
El retiro de una gran cantidad de asociados no solo por la afectación directa en la pérdida de su empleo o la disminución de sus ingresos sino también por las afectaciones indirectas de su grupo familiar (ejemplo: las remesas que reciben miles de familias en Colombia de familiares en el exterior que también han perdido sus empleos), supone una reducción importante en los aportes y ahorros y por ende en la cartera, lo que a su vez reduce los ingresos e incrementa los riesgos de liquidez y crédito.
Lo más grave es que la terminación definitiva de contratos laborales en muchas empresas que tienen fondos de empleados o cooperativas cerradas, podría dificultar la recuperación de la mayoría de la cartera de crédito a un punto que la continuidad de la entidad resulte inviable por asfixia del flujo de caja y pérdidas significativas por deterioro de cartera.
En estos casos la devolución de los aportes y ahorros permanentes a los ex asociados podría no darse oportunamente generando la necesidad de liquidar voluntaria o forzosamente por inviabilidad financiera ya que además del retiro forzoso masivo se podría dar el retiro voluntario masivo derivado del “pánico” de los asociados cuando la liquidez se agote o las pérdidas por provisiones de cartera comprometan el valor de sus aportes y deban efectuarse retenciones importantes a los ex – asociados.
Salvo las Cooperativas de Ahorro y crédito que cuentan con el seguro de depósitos del FOGACOOP, el sector solidario no cuenta con ningún apoyo del Gobierno Nacional en materia de liquidez o protección de los ahorros, motivo por el cual, la seguridad de los aportes y ahorros dependerá de la adecuada gestión de riesgos por parte de los administradores. Los fondos de empleados y asociaciones mutuales administran ahorros por casi $6 billones de pesos y los aportes sociales de todo el sector solidario suman casi $10 billones.
Por otra parte, los verdaderos efectos de la pandemia se verán en los resultados del año 2021 porque con los programas de periodos de gracia y refinanciaciones un asociado que pierda el empleo primero recibiría un periodo de aplazamiento de tres meses (abril, mayo y junio) para luego recibir una refinanciación con un periodo de gracia de dos meses (julio y agosto) así que si para septiembre no ha logrado conseguir empleo o recuperar sus ingresos, seguramente llegará a una mora de entre 60 a 90 días para final de año llegando a categoría “C”, cuya provisión apenas es del 10%, pero en los meses siguientes llegará a “D” y “E” provisionándose el 100% de la cartera y quedando el 90% del gasto para el año 2021.
En general el riesgo de crédito en todo el sistema de economía solidario trasladará la mayoría del efecto del deterioro de la cartera al año 2021 así que al igual que la Pandemia según el director de la OMS: “lo peor está por venir”, en materia de deterioro de la cartera también lo peor está por venir y ser verá apenas en el 2021 cuando además se pretende por parte de la Supersolidaria establecer un nuevo y más “duro” modelo de constitución de provisiones (deterioro) denominado pérdida esperada, cuyos efectos sin duda será que las provisiones se dupliquen, que en un escenario de bajo riesgo, puede ser aceptable siempre que se den al menos tres años para registrar la diferencia gradualmente, pero en un escenario de mayor riesgo como el que se avecina, puede tener graves efectos.
Adicionalmente, la reducción de la tasa de interés del banco de la república del 4,25% al 2,75% y no sería raro que se reduzca un poco más en lo que resta del año, tendrá un efecto inicialmente en el costo de los depósitos y luego se trasladará al costo del crédito especialmente en Vivienda y Libranza.
Es decir que para el año 2021 se combina un escenario de elevadísima liquidez por los créditos que la banca dejó de hacer en el 2020 (los desembolsos semanales se han caído a la quinta parte de lo que se observaba en el 2019) y los cupos de crédito otorgados por el Banco de la República de $23,5 billones.
Esto llevará a una “feroz” competencia del sector solidario con los bancos que van a intentar comprar su cartera de libranza, especialmente la de los mejores clientes, con tasas para compra de cartera que estarán por debajo incluso del 0,80% mes vencido, en consumo por debajo incluso del 0,90% mes vencido y en vivienda por debajo del 0,70% mes vencido además de los subsidios que el Gobierno destinará a la compra de Vivienda de hasta $400 millones, subsidios a los que el sector solidario no tiene acceso hasta hoy, como tampoco tiene acceso a liquidez del Banco de la República. Será una lucha dura y desigual.
El efecto de los periodos de gracia y las refinanciaciones además de la disminución de la cartera por menor colocación de crédito y el cruce de aportes y ahorros de todos los asociados retirados junto con el incumplimiento de una gran cantidad de créditos tendrá efectos materiales en la liquidez y rentabilidad del todo el sector de economía solidaria, no solo en el 2020 sino principalmente en el 2021. Esto afectará por ende los programas sociales, auxilios y beneficios para los próximos años, antes de que se logre regresar a los niveles de excedentes previos a la crisis.
En las Cooperativas de Ahorro y Crédito abiertas y las que no captan ahorros, pero se dedican al crédito y son de vinculo abierto la problemática será aún mayor cuando un porcentaje de asociados importante son independientes, informales, cuenta propia o pertenecen de algún modo a los sectores: comercio, transporte, bares y restaurantes, hoteles y turismo, por mencionar solo algunos y además al parecer el sector agropecuario no necesariamente pasa por un buen momento en medio de la pandemia.
A pesar de que el sistema financiero tiene la ventaja de contar con apoyos directos del Gobierno, sus resultados se verán también afectados por la pérdida de rentabilidad de sus inversiones, el deterioro de su cartera y la caída de sus ingresos de cartera por alivios y menor actividad de colocación. Es por ello que se espera que también recorten parcialmente, aunque en menor proporción, parte de su nómina. De todos modos, no se espera una crisis financiera pues en Colombia bien está construida la premisa económica de que cuando al país le va “mal” al sector financiero le va “regular” y cuando al país le va “bien” al sector financiero le va “fenomenal”.
En el caso de las Cooperativas de sectores como el transportador se verán sin duda afectadas por la disminución en los pasajeros y en la carga por la menor actividad económica, pero podrán recuperarse rápidamente por el efecto rebote que dará la economía una vez se reabra la actividad económica de la industria y la construcción, aunque el transporte intermunicipal y aéreo tendrá mayores afectaciones.
En el caso de las asociaciones mutuales dedicadas a previsión y salud, se podrían ver afectadas además del ahorro y el crédito por las mismas razones descritas previamente, por los potenciales efectos negativos que en la vida y salud de los asociados pueda tener la pandemia y cuyas dimensiones todavía está por conocer el país, especialmente en el segundo semestre del año 2020 y cuyo riesgo solo cesará cuando llegue la vacuna.
En conclusión, la enorme pérdida de empleos generada por la parálisis económica del país y que continuará por varios meses en especial de algunos sectores, va a implicar la pérdida de casi 2 millones de empleos dado que ANIF espera que el desempleo afecte a casi 4 millones de colombianos cuando antes de la crisis apenas superaba los 2 millones.
Muchos de esos nuevos desempleados, son parte de los 6 millones de asociados del sector solidario y por ende, las consecuencias en la liquidez, la calidad de la cartera, los resultados y la sostenibilidad de los programas sociales a medio plazo serán importantes, pero se verán en toda su dimensión especialmente en el año 2021 porque los planes de alivio y refinanciación diferirán el efecto de la materialización del riesgo de crédito.
