Cuando un asociado entra formalmente en un proceso de insolvencia, la situación deja de ser únicamente un asunto de cobranza. Para una cooperativa, un fondo de empleados o cualquier organización solidaria, el impacto puede llegar al recaudo, la liquidez, el deterioro de cartera, los resultados y, en algunos casos, al patrimonio de la entidad.

El sector solidario tiene además una particularidad importante: el deudor no es simplemente un cliente. Muchas veces es al mismo tiempo asociado, aportante, ahorrador y usuario de los servicios de la organización. Esto obliga a actuar con equilibrio, respetando sus derechos, pero también protegiendo los recursos de los demás asociados y la estabilidad de la entidad.

La preocupación no es teórica. En las Cooperativas de Ahorro y Crédito analizadas por la Supersolidaria, el saldo de capital asociado a deudores insolventes pasó de $24.496 millones en 2022 a $100.731 millones en 2025. Aunque sigue siendo una proporción relativamente baja frente al total de cartera, el crecimiento muestra que es un riesgo que merece mayor seguimiento.

Uno de los cambios más sensibles aparece en la forma de recaudar. Una vez se producen los efectos del procedimiento, pueden suspenderse descuentos de nómina, pagos por libranza y otros mecanismos automáticos de pago. Esto significa que un crédito que venía siendo descontado normalmente puede pasar, de un momento a otro, a depender del desarrollo del proceso y de las condiciones que se acuerden posteriormente.

Por eso, cuando llega una notificación de insolvencia, la entidad no puede seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Continuar realizando descuentos cuando legalmente deben suspenderse puede generar devoluciones, costos jurídicos y administrativos y nuevos riesgos para la organización. La notificación debería activar de inmediato un protocolo en el que participen cartera, riesgos, jurídica, contabilidad y tesorería.

También es importante entender que insolvencia no significa necesariamente perder todo el crédito. La recuperación dependerá de las garantías, los aportes sociales, los ahorros permanentes cuando correspondan, la prelación de la acreencia, la negociación con el deudor y el eventual resultado del proceso. Por eso, más que preguntarse cuánto debe el asociado, la entidad debería establecer cuánto tiene realmente expuesto y cuánto puede recuperar.

En este punto, los aportes sociales y los ahorros permanentes cobran especial relevancia para el sector solidario. Su tratamiento puede influir en la recuperación, pero no debería manejarse de manera automática. Cada entidad debe revisar cómo tiene constituidas sus garantías, qué establecen sus reglamentos y estatutos y cuál es el tratamiento jurídico que corresponde en cada caso.

El efecto tampoco termina en cartera. Si dejan de recibirse cuotas que estaban previstas dentro del flujo de caja, la liquidez puede verse afectada. Y el riesgo puede ser mayor si una parte importante de la cartera depende de un mismo empleador o pagador. Una organización puede tener muchos asociados y, aun así, estar concentrada en una sola fuente de pago.

Frente a este escenario, la principal recomendación es no esperar a que llegue el caso para decidir qué hacer. La entidad debería tener definido cómo validar la comunicación, qué cobros suspender, cómo presentar la acreencia, cómo revisar las garantías y aportes, cómo medir el impacto financiero y quién será responsable de hacer seguimiento al proceso hasta su terminación.

La insolvencia debería tratarse además como una novedad específica dentro de la gestión de riesgos y no simplemente como otra forma de mora. Tener información clara sobre exposición, recaudo suspendido, garantías, deterioro, acuerdos y recuperación permite que los órganos de administración entiendan realmente qué está ocurriendo y tomen decisiones con mejor información.

La pregunta para una entidad solidaria ya no debería ser solamente cuántos asociados están en insolvencia. Debería ser algo más amplio: ¿cuánto tenemos expuesto, cuánto estamos dejando de recaudar, cuánto podemos recuperar y qué tan preparados estamos para actuar cuando llegue el próximo caso?

La experiencia ayuda, pero no reemplaza la actualización. Cada proceso puede traer situaciones distintas y exigir decisiones diferentes. Por eso, revisar procedimientos, actualizar criterios y preparar al equipo antes de que aparezca el siguiente caso puede marcar una diferencia importante en la recuperación de cartera y en la protección de los recursos de la organización.

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La mejor oportunidad para prepararse es antes de tener que improvisar.