El año 2025 está llegando a su fin y el sector solidario comienza a prepararse para enfrentar los desafíos económicos del 2026. Los datos más recientes del DANE y las proyecciones del Banco de la República muestran un panorama de cautela: la inflación acumulada durante los primeros diez meses del año se ubica en 4,47%, mientras que la encuesta de expectativas del Banco Central sugiere que el cierre del año podría estar ligeramente por encima del 5,2%.
Esta tendencia indica que, aunque la inflación continúa descendiendo, lo hace a un ritmo más lento del esperado, manteniendo la presión sobre los costos, los márgenes operativos y las tasas de interés.
Tasas de interés: estabilidad con señales de resistencia
Después de tres meses consecutivos de incremento en los indicadores de inflación, el Banco de la República no descarta eventuales aumentos en su tasa de intervención. Sin embargo, los analistas coinciden en que el escenario más probable es una estabilidad de tasas durante lo que resta del año y el primer semestre de 2026.
El comportamiento del dólar, que recientemente ha mostrado una tendencia a la baja, junto con la incertidumbre política por las elecciones al Congreso y la Presidencia, serán factores determinantes en la evolución de las tasas. Por ahora, tanto las tasas de captación como las de colocación mantendrán cierta resistencia, afectando la estructura de financiamiento de las entidades solidarias.
El impacto del reajuste del salario mínimo
Uno de los puntos más esperados en el cierre de año es el reajuste del Salario Mínimo Legal Vigente, que varios analistas proyectan en torno al 12%. Este incremento tendría efectos directos sobre los gastos operativos, la inflación y la capacidad adquisitiva de los hogares, elementos que deben ser cuidadosamente considerados en la planeación presupuestal 2026.
Un entorno de mayores costos y nuevos desafíos
Aunque el sistema financiero colombiano mantiene altos niveles de liquidez, 2025 no ha sido un año de gran crecimiento económico. En cambio, ha representado para el sector solidario un periodo de transformaciones profundas: la implementación de la Guía de Buen Gobierno, la entrada en vigencia del modelo de pérdida esperada, y una reforma al régimen de insolvencia que ha generado un incremento en los casos presentados.
Estos cambios tendrán efectos importantes en la estructura de costos, provisiones y gestión de riesgos de las organizaciones solidarias, obligándolas a proyectar con mayor prudencia y bajo distintos escenarios.
Presupuestar con visión estratégica
La planeación del presupuesto 2026 debe considerar variables críticas como la inflación, las tasas de interés, el comportamiento del dólar y el reajuste del salario mínimo. En un entorno de mayores provisiones, costos crecientes y riesgo de mora, las entidades solidarias deberán ajustar sus estrategias de captación, colocación y rentabilidad.
La sostenibilidad dependerá de su capacidad para:
Evaluar escenarios económicos realistas
Fortalecer su modelo de gestión financiera
Tomar decisiones oportunas frente a la fijación de tasas
Implementar controles sobre el gasto operativo
Conscientes de estos desafíos, extendemos una cordial invitación a participar en el Seminario Taller: Elaboración de Presupuestos 2026, que se realizará este viernes 14 de noviembre.
Durante la jornada se analizarán:
Perspectivas macroeconómicas 2025–2026
Comportamiento esperado de la inflación y las tasas de interés
Estrategias para la proyección de ingresos y gastos
Impacto de la pérdida esperada en la planeación financiera
Herramientas de gestión para garantizar la sostenibilidad de los resultados
El 2026 será un año de ajustes, prudencia y decisiones estratégicas para el sector solidario. A pesar de la moderación en la inflación, los costos seguirán siendo altos, las tasas se mantendrán firmes y el entorno regulatorio exigirá una gestión más técnica y previsiva.
Prepararse desde ahora permitirá a las entidades fortalecer su sostenibilidad, anticipar riesgos y mantener su compromiso con el bienestar económico de sus asociados.
El Ministerio de Hacienda publicó recientemente dos proyectos de reforma al Decreto 1068 de 2015. Aunque en apariencia se trata de ajustes técnicos, lo cierto es que proponen transformaciones de fondo que impactan directamente a los fondos de empleados y a las cooperativas de ahorro y crédito.
Los cambios abarcan desde las operaciones que pueden realizar estas entidades, hasta la forma de calcular su patrimonio, los niveles de supervisión y la destinación de sus recursos de liquidez. En conjunto, configuran un nuevo escenario que obliga al sector solidario a detenerse, estudiar y pronunciarse.
El tiempo, sin embargo, es corto: el plazo para enviar comentarios vence el 7 de octubre.
1. Restricciones en las operaciones de los fondos de empleados
Uno de los aspectos más delicados del proyecto es que limita las operaciones que pueden realizar los fondos de empleados. En lugar de reconocer su diversidad y evolución, el texto copia de manera casi literal lo establecido para las cooperativas de ahorro y crédito: ahorro, crédito, factoring y algunos servicios de educación y bienestar.
Esto excluye otras actividades que muchos fondos han desarrollado con éxito durante años:
Tiendas y almacenes.
Casinos y restaurantes.
Servicios de afianzamiento.
Programas empresariales adicionales.
De aprobarse, estas iniciativas quedarían prohibidas, obligando a desmontarlas o separarlas de la estructura principal. En términos prácticos, significaría reducir la capacidad de los fondos de responder a las necesidades reales de sus asociados.
2. Supervisión más exigente: el salto al nivel uno
El proyecto también dispone que los fondos de empleados de categoría plena pasen automáticamente a nivel uno de supervisión. Esto trae consigo varias consecuencias:
Reportes mensuales (ya no trimestrales).
Incremento en las tarifas de supervisión.
Cumplimiento de obligaciones exclusivas del nivel uno.
En cálculos preliminares, más de 100 fondos de empleados superarían los topes establecidos (alrededor de 15.600 millones de pesos) y entrarían de inmediato en esta categoría.
No se trata solo de más controles. Es un cambio que implica mayores costos administrativos y operativos, lo cual inevitablemente se traduce en presión sobre la gestión y los resultados de estas entidades.
3. Fondo de liquidez: recursos dirigidos al Estado
Quizás el punto más polémico sea la modificación sobre el fondo de liquidez. Hasta ahora, las entidades podían diversificar su inversión, incluyendo CDTs y otros instrumentos del sistema financiero.
La propuesta establece que, para fondos y cooperativas de categoría plena, la liquidez solo podrá mantenerse en:
Cuenta de ahorros.
Cuenta corriente.
Bonos del gobierno.
En la práctica, esto significa que buena parte de los ahorros de los asociados terminarán financiando directamente al Estado, eliminando alternativas más rentables y seguras en el mercado financiero.
Es difícil no interpretar esta medida como una forma de captar recursos del sector solidario para cubrir necesidades fiscales del gobierno.
4. Lenguaje desactualizado y nuevas cargas
Más allá del fondo, el texto del proyecto evidencia problemas de forma. Continúa utilizando conceptos obsoletos como “valorizaciones”, “reajuste por inflación” o “reserva fiscal”, eliminados de la normativa contable hace décadas.
Además, exige trámites innecesarios, como compromisos adicionales para usar los excedentes, cuando la ley ya obliga a destinar al menos el 20% a reservas. En lugar de simplificar, se genera más burocracia tanto para las entidades como para la Superintendencia.
Otro punto crítico es la asignación de funciones técnicas a los comités de control social, como vigilar límites de concentración en créditos o captaciones. Estas tareas son de naturaleza contable y financiera, propias de la revisoría fiscal. Incluirlas en el control social desnaturaliza la figura, generando confusión y debilitando su verdadero rol.
5. Cambios técnicos en solvencia, patrimonio y garantías
El proyecto también introduce modificaciones de alto impacto en aspectos financieros clave:
Patrimonio técnico y solvencia: se crean nuevas relaciones (incluyendo apalancamiento) y se exige ponderar no solo por riesgo crediticio, sino también por riesgo de mercado. Las inversiones se medirán según calificación del emisor, y los créditos con ciertos porcentajes tendrán cargas más altas.
Garantías: se aclara que no son admisibles los títulos emitidos por la misma entidad (ejemplo: un crédito garantizado con un CDT propio). Esta definición afecta directamente el cálculo de la pérdida esperada.
Fondos de liquidez: ya no se limitarán solo al ahorro a la vista. Ahora deben cubrir exigibilidades a 30 días (10%) y a 31-540 días (5%). Esto incrementa de manera significativa los recursos inmovilizados, reduciendo flexibilidad financiera.
Captaciones y concentración: se establecen límites más estrictos, incluyendo la agrupación de operaciones de personas con vínculos familiares. Esto elimina la posibilidad de separar responsabilidades mediante acuerdos escritos, práctica común hasta ahora.
6. El contexto: demasiados frentes al mismo tiempo
Estos cambios llegan en un momento especialmente complejo para el sector solidario. En paralelo, las entidades deben:
Implementar el modelo de pérdida esperada.
Ajustarse a la nueva plataforma tecnológica de reporte.
Cumplir con normas de buen gobierno y transparencia.
El problema no es solo la conveniencia de los cambios, sino el momento en que se proponen. Exigir nuevas cargas de capital, reportes más estrictos y mayores exigencias de liquidez mientras se afrontan otros procesos puede desbordar las capacidades de gestión.
7. El papel de los gremios y la necesidad de un pronunciamiento colectivo
Una reforma de este alcance no puede enfrentarse de manera individual. El llamado es a que gremios como Analfe, Fecolfin, Confecoop, Ascoop entre otras para que articulen esfuerzos y presenten observaciones conjuntas.
La experiencia demuestra que una sola voz aislada tiene poco eco. Pero un pronunciamiento colectivo, respaldado por un análisis técnico sólido y acompañado de la participación activa de los asociados, sí puede influir en el resultado.
lo que está en juego
Más que un tema contable o normativo, esta reforma plantea un dilema de fondo: ¿qué papel quiere el Estado para el sector solidario?
Si los fondos de empleados y las cooperativas pierden capacidad de diversificar sus servicios, si deben inmovilizar más recursos y si su liquidez se dirige casi exclusivamente a financiar al gobierno, se afecta no solo su sostenibilidad, sino su misión social.
El sector solidario existe para generar bienestar, solidaridad y oportunidades a sus asociados. Por eso, es vital que no se quede callado, que participe en la discusión y que defienda su espacio como un actor legítimo y necesario en la economía colombiana.
El plazo vence el 7 de octubre. El momento de pronunciarse es ahora.
Para las entidades de segundo nivel de supervisión que tengan cartera de créditos, la presentación del reporte de pérdida esperada será condición obligatoria para poder realizar el envío general de información a la Supersolidaria a través SICSES en Julio con corte JUNIO 2025. En otras palabras, si el reporte de pérdida esperada no se carga correctamente, el sistema bloqueará la transmisión del informe general, generando incumplimientos que pueden traer consecuencias administrativas y sancionatorias.
te voy a explicar los errores más comunes en la aplicación del modelo de pérdida esperada, y ofrecer orientaciones claras sobre su adecuada implementación.
🚩 Los 5 errores mas comunes:
Muchas entidades ya tienen sistemas que generan el reporte. Pero incluso esas presentan fallas.
1. ❌ Clasificación errada de garantías
Uno de los errores más frecuentes es la clasificación errada de las garantías.
Garantía idónea: Fiducia, garantía real sobre bienes, o cobertura de fondos de garantías que administren recursos públicos (como el FNG o el FAG).
Garantía no idónea: Codeudores, avalistas u otras figuras que no cumplen condiciones estrictas de respaldo.
Sin garantía: Créditos sin ningún respaldo adicional ni aportes cruzados.
Errores comunes:
Parametrizar mal títulos valores como CDAT propios.
Clasificar como garantía de un fondo público lo que realmente es aval privado.
Utilizar mal los códigos de garantía y su impacto en la PDI (Pérdida Dado el Incumplimiento).
2. 📅 Mala interpretación de los plazos
Otro punto crítico es la confusión entre días de mora e incumplimiento. Es importante recordar:
El incumplimiento inicia a partir del día 91 de mora.
La norma establece períodos de 270 días posteriores al incumplimiento, es decir, hasta 360 días de mora total.
Algunos sistemas erróneamente empiezan a contar los días desde el día uno de mora, siendo lo correcto contarlos a partir del día 91 a efectos de determinar la perdida dado el incumplimiento segun el tipo de garantía.
3.📉 Aplicación incorrecta del 45% o 50% de pérdida
Depende de si es por libranza, del tipo de garantía, y de si está en mora o no. Por ejemplo:
Créditos sin libranza y sin garantía → Hasta 30 días: 50%
Del día 31 al 120: 75% (porque son 30 días después del incumplimiento que se da a patir del día 91 de mora) Muchos aplican estos valores en momentos equivocados.
4. 🧪 Homologar mal las calificaciones
Solo se homologa si la máxima calificación es la del modelo de referencia. Si la máxima viene de la recalificación de cartera o por reestructuración, no se homologa.
Además, la homologación no es solo formal:
Va para centrales de riesgo
Va para los estados financieros Y lo que no esté bien, no pasa.
5. 🔄 Ley de arrastre: un crédito dañado contamina todo
Cuando una persona tiene múltiples créditos y uno entra en incumplimiento (más de 90 días de mora), la probabilidad de incumplimiento del 100% se extiende a todos los créditos del mismo titular, incluso si los demás están al día.
Ejemplo típico:
Cuatro créditos por libranza al día
Uno por caja con 91 días de mora ➡️ Todos deben marcarse con PD del 100%. Este fenómeno también aplica en campañas con tarjetas de crédito, cuando no se controla adecuadamente el seguimiento de mora.
¿Y si aún no se ha configurado el sistema?
Muchas entidades aún no tienen sus sistemas listos para generar el reporte ni conocen bien la guía técnica. Esto puede traducirse en dos riesgos:
El reporte será inconsistente o mal calculado.
El SICSES bloqueará el envío general de información.
Fechas clave
🗓️ Julio de 2025: Fecha límite para cargar el primer reporte obligatorio, con corte al 30 de junio.
🗓️ Julio de 2026: Inicia la obligación de contabilizar la pérdida esperada en los estados financieros.
Comprender el modelo, evitar errores en la clasificación de garantías, interpretar adecuadamente los días de mora, aplicar correctamente los porcentajes de pérdida, y homologar según lo definido, no son tareas opcionales, sino responsabilidades fundamentales para asegurar el cumplimiento y la transparencia.
Más allá del cumplimiento normativo, este proceso representa una oportunidad para fortalecer la gestión del riesgo crediticio y la calidad de la información contable. Prepararse con anticipación, capacitar al equipo y validar cada componente del modelo será la mejor estrategia para evitar sanciones y generar reportes confiables y técnicamente sólidos.
La pérdida esperada ya no es una proyección teórica: es un informe exigido, verificable y vinculante.
🎓 Aprenda a calcular correctamente el modelo de pérdida esperada
Participe en una jornada de formación práctica y reciba herramientas que facilitarán la implementación del modelo en su entidad. 📊 Conozca la normativa, domine los aspectos técnicos clave y evite errores en el reporte obligatorio al SICSES.
📉💥 ¿Y si despertamos antes de que la corriente nos arrastre? Reflexiones urgentes sobre la evaluación de cartera en el sector solidario
Amigos del sector solidario:
Estamos justo a tiempo… o tal vez ya llegamos tarde.
Llega ese momento clave del año: la evaluación de cartera del primer semestre. Pero esta vez, no es solo un trámite contable más. Esta vez, el contexto nos grita que algo está cambiando. Y si no lo vemos, corremos el riesgo de quedarnos mirando cómo otros avanzan mientras nosotros nos estancamos.
🚨 ¿Qué está pasando con nuestra cartera?
Veamos la foto del sistema financiero tradicional:
Después de dos años seguidos de contracción, ¡por fin! la cartera de consumo volvió a crecer un modesto 2%. Puede sonar poco, pero frente al -4% de los años anteriores… es un síntoma de vida. Y eso ya es mucho decir.
Ahora miremos nuestro sector:
La historia es otra: crecimiento lánguido, promedio del 0,59%. Muy por debajo de la inflación. En otras palabras: decrecemos en términos reales.
La cartera pierde peso dentro del activo. Los excedentes de tesorería aumentan (¡por ahora rentables!). Pero… ¿hasta cuándo?
😴 ¿Estamos dormidos?
Mientras los bancos afinan su puntería, nosotros aún dudamos si disparar.
Ellos ya están tocando las puertas de nuestros asociados con ofertas agresivas, plazos largos, pocas garantías, tasas “personalizadas”. Nosotros, todavía con el pie en el freno, pidiendo garantías excesivas y viendo cómo nos quitan a nuestros mejores deudores.
Y es aquí donde la evaluación de cartera se vuelve más que una exigencia normativa: se convierte en un acto de supervivencia.
🧠 Evaluar no es solo calificar. Es decidir.
¿Monitoreo o evaluación? No es lo mismo.
• El monitoreo observa desde la torre de control: indicadores, tendencias, alertas.
• La evaluación de cartera baja al terreno, entra a la mina, mira al deudor a los ojos y se pregunta:
“¿Le volvería a prestar hoy, con esta información?”
No se trata de revisar carpetas, se trata de aplicar criterios objetivos y metodologías claras. Se trata de recalificar cuando es necesario. Y de dejar por escrito, con sustento, que tomamos decisiones pensando en el riesgo real.
📆 Semestral, anual… ¡pero urgente!
Las reglas están claras:
• Entidades con modelo de pérdida esperada (niveles 1 y 2): evaluación semestral (mayo y noviembre).
• Otras entidades: al menos una vez al año. ¿Por qué no en junio? Así cumplimos y de paso diseñamos campañas estratégicas para el segundo semestre.
No esperemos a diciembre, cuando el comité está pensando en los buñuelos, y no en las provisiones.
Los nuevos tiempos exigen nuevas habilidades. En el sector solidario, el panorama no es sencillo: inflación incierta, tasas de interés volátiles, competencia feroz por el crédito, reformas normativas y la inminente adopción del modelo de provisiones por pérdida esperada. Si el 2024 no fue un año fácil, los próximos dos años marcarán la diferencia entre quienes se anticipan al cambio y quienes quedan rezagados.
Las entidades solidarias enfrentan una nueva realidad en 2025. Luego de la renovación de sus órganos de administración y control, es momento de preguntarse: ¿están preparados sus líderes para gestionar los retos que vienen?
El entorno económico y normativo está en constante transformación. La incertidumbre en tasas de interés, inflación y competencia en crédito obliga a los directivos a tomar decisiones estratégicas con mayor información y preparación. Además, el nuevo modelo de provisiones por pérdida esperada marca un cambio clave en la gestión financiera, impactando directamente la estabilidad de las organizaciones.
🚨 El dato que preocupa
Más del 10% de las entidades vigiladas por la Supersolidaria reportaron pérdidas en sus estados financieros en 2024, y muchas otras apenas alcanzaron excedentes mínimos. ¿Cómo garantizar la sostenibilidad de los programas sociales en este contexto? ¿Cómo competir cuando los costos operativos aumentan y la regulación se hace más exigente?
A esto se suman:
Costos en aumento, como los registros en Cámara de Comercio y la vigilancia de la Supersolidaria.
Mayor regulación y supervisión, con cambios normativos que requieren adaptación inmediata.
Riesgos de gobernanza, reflejados en las recientes intervenciones: 1 de cada 3 entidades intervenidas presentó problemas de corrupción y 2 de cada 3 deficiencias en gestión de riesgos.
No se trata solo de conocer las normas, sino de comprender cómo aplicar buenas prácticas en un entorno donde la transparencia y la gestión de riesgos son más relevantes que nunca.
🎯 Liderazgo con propósito, pero con conocimiento
El sector solidario es liderado por personas con una gran vocación de servicio, pero las buenas intenciones no bastan. Es indispensable contar con conocimientos claros sobre el rol, las funciones, responsabilidades y prohibiciones de cada cargo.
El reto no es menor: se debe liderar en un escenario de mayor competencia, con exigencias normativas complejas y con la necesidad de fortalecer la confianza de los asociados. No basta con reaccionar a los cambios, hay que anticiparse a ellos.
Dirigir una organización Solidaria requiere preparación estratégica. Las recientes intervenciones de la Supersolidaria han revelado que 1 de cada 3 entidades intervenidas presentaba problemas de corrupción, y 2 de cada 3 tenían deficiencias en la gestión de riesgos.
¿Podemos permitirnos ignorar estos datos?
🏆 La solución: una formación que transforma
El liderazgo efectivo en el sector solidario no depende solo de la experiencia, sino del conocimiento actualizado. No se trata de volverse expertos en derecho o economía, sino de comprender los cambios normativos, los riesgos y las oportunidades que definirán el futuro.
Por eso, aquellos que buscan dirigir con éxito en este entorno ya están tomando acción.
