Conozca los errores contables más frecuentes en organizaciones solidarias y cómo corregirlos para un cierre contable y fiscal impecable según Supersolidaria y NIIF. CLIC AQUÍ
Además de corregir los errores contables del sector solidario, las entidades deben prepararse para los retos técnicos y regulatorios que marcarán el cierre contable y fiscal 2025
Perspectivas macroeconómicas 2026: riesgos y oportunidades
El entorno económico proyecta retos en:
Riesgo de cartera
Liquidez
Tasa de interés
Desempeño social y financiero
Un cierre adecuado permite tomar decisiones estratégicas con información confiable
Cambios del programa ADA – Supersolidaria
La actualización del programa ADA exige cierres más limpios:
Validaciones automáticas
Detección de errores contables
Análisis de inconsistencias entre estados financieros y reportes
Las entidades con errores recurrentes tendrán mayores requerimientos.
Proyecto de distribución de excedentes
Un cierre con errores afecta directamente la distribución correcta:
Fondos sociales
Fondos obligatorios
Recursos institucionales
Destinación aprobada por asamblea
Régimen tributario en renta: actualizaciones y jurisprudencia
Cambios recientes afectan:
Ingresos no constitutivos de renta
Excedentes
Depuraciones y deducciones
Reconocimientos contables que impactan la base fiscal
Partidas críticas del cierre según NIIF y Supersolidaria
Su organización debe asegugar una buena contabilización de:
Provisiones
Deterioro de cartera (pérdida esperada)
Activos fijos
Pasivos estimados
Clasificación de inversiones
Fondos sociales
Revelaciones mínimas e informes de riesgos
El cierre contable debe incluir:
Notas completas y consistentes
Informe de riesgos alineado con SARLAFT, SARO, SARC y SARL
Informe de buen gobierno actualizado
Informes de gestión y control social
Las organizaciones deben asegurar que los informes:
Reflejen la situación financiera real
Cumplan con los indicadores sociales
Sean coherentes con los estados financieros
Evaluación de la hipótesis de negocio en marcha
Incluye:
Liquidez proyectada
Riesgos estratégicos
Sostenibilidad
Revelación detallada
Información digital posterior a la asamblea (Supersolidaria)
Deben enviarse:
Reformas de estatutos
Estados financieros legalizados
Actas
Certificaciones
Reporte de información financiera digitalizada
Normativa nueva y exigencias para 2025–2026
Incluye:
Buen Gobierno
Balance Social
FATCA y CRS
Nueva NIIF para PYMES 2025
Ajustes en pérdida esperada para entidades de II nivel
Dé el siguiente paso hacia un cierre ordenado y una planeación 2026 con mayor claridad y control.
Elevo requerimiento a la SUPERSOLIDARIA. Esto le interesa a su entiadad
En los últimos meses se han generado diversas interpretaciones sobre la aplicabilidad de los sistemas de administración de riesgos (SARC, SARL, SARM y SARLAFT) dentro de las organizaciones solidarias vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria).
Estas diferencias han suscitado inquietudes entre oficiales de cumplimiento, revisores fiscales y directivos, especialmente en torno a los fondos de empleados y asociaciones mutuales, cuyos niveles de supervisión determinan el alcance de sus obligaciones normativas.
Con el propósito de aportar claridad y coherencia técnica al sector, presento a continuación el análisis que fundamentó la consulta elevada a la Supersolidaria, así como los principales cuestionamientos derivados de la reciente decisión de traslado de nivel de supervisión de las mutuales.
SARC – Riesgo de Crédito
El Sistema de Administración del Riesgo de Crédito (SARC), según lo dispuesto en el Título IV, Capítulo II de la CBC, establece que el modelo de pérdida esperada debe ser aplicado por:
“Los fondos de empleados de categoría plena y las demás organizaciones solidarias que adelanten actividad crediticia del primer y segundo nivel de supervisión.”
Sin embargo, surgen dudas frente a los fondos de segundo nivel que no son de categoría plena, quienes han recibido requerimientos para reportar la pérdida esperada a través del SICSES.
La inquietud central es si estas entidades, por no tener categoría plena, están obligadas a aplicar dicho modelo o si su alcance se limita a reportes pedagógicos y no a la implementación total del sistema.
SARL – Riesgo de Liquidez
El Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez (SARL) genera confusión frecuente, especialmente respecto a su aplicación en fondos de empleados y asociaciones mutuales.
La norma indica que deben implementarlo:
Los fondos de empleados de categoría plena,
Los fondos de primer nivel de supervisión, y
Las mutuales con depósitos de ahorro ordinario.
Esto significa que no todas las mutuales están obligadas a adoptar el SARL, sino únicamente aquellas que tengan saldos en la cuenta contable 210500 – Ahorros ordinarios, quedando excluidas las que manejan CDAT, ahorros contractuales o permanentes.
Asimismo, muchos fondos de empleados pequeños interpretan erróneamente que deben tener un comité de riesgo de liquidez independiente, plan de contingencia y pruebas de estrés, cuando en realidad la norma no lo exige para quienes no sean de categoría plena ni de primer nivel.
SARM – Riesgo de Mercado
En un caso reciente, un fondo de empleados de tercer nivel fue requerido para implementar el SARM por tener inversiones que superaban el 10% del activo durante tres meses consecutivos.
Sin embargo, el texto normativo es claro: la obligación aplica a cooperativas con actividad financiera, y no a todas las organizaciones solidarias. La expresión “las organizaciones solidarias” en el segundo inciso del ámbito de aplicación debe entenderse referida a las mismas cooperativas financieras mencionadas en el párrafo anterior.
Por tanto, no debería exigirse a fondos o mutuales sin actividad financiera la adopción del SARM bajo este criterio.
Traslado de Nivel de Supervisión de las Mutuales
Tras el caso ASOMUFFA (UNIOX), la Supersolidaria incrementó el nivel de supervisión de varias asociaciones mutuales. Si bien se entiende la intención de fortalecer los controles, esta medida ha generado impactos significativos en mutuales pequeñas con activos inferiores a $2.500 millones y con apenas uno o dos empleados.
Entre las principales dificultades que enfrentan se encuentran:
Exigencia de oficiales de cumplimiento empleados con formación específica y jerarquía interna,
Implementación obligatoria de pérdida esperada,
Reportes mensuales al ADA (antes SICSES),
Cumplimiento de la Circular Externa 88 de 2025 sobre Buen Gobierno,
Incremento de la tarifa de supervisión, y
Mayores exigencias de control de legalidad y reportes de fin de ejercicio.
Estas obligaciones, aunque justificadas en entidades grandes, resultan desproporcionadas para mutuales pequeñas y pueden poner en riesgo su sostenibilidad.
La regulación debe atender a los principios de proporcionalidad y capacidad operativa. Por ello, propongo que la Supersolidaria revise la clasificación actual de las mutuales y establezca niveles de supervisión acordes con el tamaño, el riesgo y la complejidad de sus operaciones, como ocurre con las cooperativas y fondos de empleados.
Imponer obligaciones propias de entidades financieras a mutuales de tercer nivel puede derivar en sanciones, pérdidas económicas o incluso en su desaparición, sin que exista una verdadera mejora en la gestión del riesgo sistémico.
El fortalecimiento del sector solidario requiere claridad normativa, coherencia en la supervisión y criterios diferenciados según el nivel de riesgo. Este análisis busca servir de referencia para los líderes, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento que enfrentan interpretaciones dispares en la aplicación de los sistemas de administración de riesgo.
📄 Documento base: Consulta presentada ante la Superintendencia de la Economía Solidaria – 13 de noviembre de 2025.
La correcta aplicación de los sistemas de riesgo fortalece la sostenibilidad y confianza del sector solidario. 👉 Lea, comparta y promueva la claridad normativa en su organización
El año 2025 está llegando a su fin y el sector solidario comienza a prepararse para enfrentar los desafíos económicos del 2026. Los datos más recientes del DANE y las proyecciones del Banco de la República muestran un panorama de cautela: la inflación acumulada durante los primeros diez meses del año se ubica en 4,47%, mientras que la encuesta de expectativas del Banco Central sugiere que el cierre del año podría estar ligeramente por encima del 5,2%.
Esta tendencia indica que, aunque la inflación continúa descendiendo, lo hace a un ritmo más lento del esperado, manteniendo la presión sobre los costos, los márgenes operativos y las tasas de interés.
Tasas de interés: estabilidad con señales de resistencia
Después de tres meses consecutivos de incremento en los indicadores de inflación, el Banco de la República no descarta eventuales aumentos en su tasa de intervención. Sin embargo, los analistas coinciden en que el escenario más probable es una estabilidad de tasas durante lo que resta del año y el primer semestre de 2026.
El comportamiento del dólar, que recientemente ha mostrado una tendencia a la baja, junto con la incertidumbre política por las elecciones al Congreso y la Presidencia, serán factores determinantes en la evolución de las tasas. Por ahora, tanto las tasas de captación como las de colocación mantendrán cierta resistencia, afectando la estructura de financiamiento de las entidades solidarias.
El impacto del reajuste del salario mínimo
Uno de los puntos más esperados en el cierre de año es el reajuste del Salario Mínimo Legal Vigente, que varios analistas proyectan en torno al 12%. Este incremento tendría efectos directos sobre los gastos operativos, la inflación y la capacidad adquisitiva de los hogares, elementos que deben ser cuidadosamente considerados en la planeación presupuestal 2026.
Un entorno de mayores costos y nuevos desafíos
Aunque el sistema financiero colombiano mantiene altos niveles de liquidez, 2025 no ha sido un año de gran crecimiento económico. En cambio, ha representado para el sector solidario un periodo de transformaciones profundas: la implementación de la Guía de Buen Gobierno, la entrada en vigencia del modelo de pérdida esperada, y una reforma al régimen de insolvencia que ha generado un incremento en los casos presentados.
Estos cambios tendrán efectos importantes en la estructura de costos, provisiones y gestión de riesgos de las organizaciones solidarias, obligándolas a proyectar con mayor prudencia y bajo distintos escenarios.
Presupuestar con visión estratégica
La planeación del presupuesto 2026 debe considerar variables críticas como la inflación, las tasas de interés, el comportamiento del dólar y el reajuste del salario mínimo. En un entorno de mayores provisiones, costos crecientes y riesgo de mora, las entidades solidarias deberán ajustar sus estrategias de captación, colocación y rentabilidad.
La sostenibilidad dependerá de su capacidad para:
Evaluar escenarios económicos realistas
Fortalecer su modelo de gestión financiera
Tomar decisiones oportunas frente a la fijación de tasas
Implementar controles sobre el gasto operativo
Conscientes de estos desafíos, extendemos una cordial invitación a participar en el Seminario Taller: Elaboración de Presupuestos 2026, que se realizará este viernes 14 de noviembre.
Durante la jornada se analizarán:
Perspectivas macroeconómicas 2025–2026
Comportamiento esperado de la inflación y las tasas de interés
Estrategias para la proyección de ingresos y gastos
Impacto de la pérdida esperada en la planeación financiera
Herramientas de gestión para garantizar la sostenibilidad de los resultados
El 2026 será un año de ajustes, prudencia y decisiones estratégicas para el sector solidario. A pesar de la moderación en la inflación, los costos seguirán siendo altos, las tasas se mantendrán firmes y el entorno regulatorio exigirá una gestión más técnica y previsiva.
Prepararse desde ahora permitirá a las entidades fortalecer su sostenibilidad, anticipar riesgos y mantener su compromiso con el bienestar económico de sus asociados.
Para las entidades de segundo nivel de supervisión que tengan cartera de créditos, la presentación del reporte de pérdida esperada será condición obligatoria para poder realizar el envío general de información a la Supersolidaria a través SICSES en Julio con corte JUNIO 2025. En otras palabras, si el reporte de pérdida esperada no se carga correctamente, el sistema bloqueará la transmisión del informe general, generando incumplimientos que pueden traer consecuencias administrativas y sancionatorias.
te voy a explicar los errores más comunes en la aplicación del modelo de pérdida esperada, y ofrecer orientaciones claras sobre su adecuada implementación.
🚩 Los 5 errores mas comunes:
Muchas entidades ya tienen sistemas que generan el reporte. Pero incluso esas presentan fallas.
1. ❌ Clasificación errada de garantías
Uno de los errores más frecuentes es la clasificación errada de las garantías.
Garantía idónea: Fiducia, garantía real sobre bienes, o cobertura de fondos de garantías que administren recursos públicos (como el FNG o el FAG).
Garantía no idónea: Codeudores, avalistas u otras figuras que no cumplen condiciones estrictas de respaldo.
Sin garantía: Créditos sin ningún respaldo adicional ni aportes cruzados.
Errores comunes:
Parametrizar mal títulos valores como CDAT propios.
Clasificar como garantía de un fondo público lo que realmente es aval privado.
Utilizar mal los códigos de garantía y su impacto en la PDI (Pérdida Dado el Incumplimiento).
2. 📅 Mala interpretación de los plazos
Otro punto crítico es la confusión entre días de mora e incumplimiento. Es importante recordar:
El incumplimiento inicia a partir del día 91 de mora.
La norma establece períodos de 270 días posteriores al incumplimiento, es decir, hasta 360 días de mora total.
Algunos sistemas erróneamente empiezan a contar los días desde el día uno de mora, siendo lo correcto contarlos a partir del día 91 a efectos de determinar la perdida dado el incumplimiento segun el tipo de garantía.
3.📉 Aplicación incorrecta del 45% o 50% de pérdida
Depende de si es por libranza, del tipo de garantía, y de si está en mora o no. Por ejemplo:
Créditos sin libranza y sin garantía → Hasta 30 días: 50%
Del día 31 al 120: 75% (porque son 30 días después del incumplimiento que se da a patir del día 91 de mora) Muchos aplican estos valores en momentos equivocados.
4. 🧪 Homologar mal las calificaciones
Solo se homologa si la máxima calificación es la del modelo de referencia. Si la máxima viene de la recalificación de cartera o por reestructuración, no se homologa.
Además, la homologación no es solo formal:
Va para centrales de riesgo
Va para los estados financieros Y lo que no esté bien, no pasa.
5. 🔄 Ley de arrastre: un crédito dañado contamina todo
Cuando una persona tiene múltiples créditos y uno entra en incumplimiento (más de 90 días de mora), la probabilidad de incumplimiento del 100% se extiende a todos los créditos del mismo titular, incluso si los demás están al día.
Ejemplo típico:
Cuatro créditos por libranza al día
Uno por caja con 91 días de mora ➡️ Todos deben marcarse con PD del 100%. Este fenómeno también aplica en campañas con tarjetas de crédito, cuando no se controla adecuadamente el seguimiento de mora.
¿Y si aún no se ha configurado el sistema?
Muchas entidades aún no tienen sus sistemas listos para generar el reporte ni conocen bien la guía técnica. Esto puede traducirse en dos riesgos:
El reporte será inconsistente o mal calculado.
El SICSES bloqueará el envío general de información.
Fechas clave
🗓️ Julio de 2025: Fecha límite para cargar el primer reporte obligatorio, con corte al 30 de junio.
🗓️ Julio de 2026: Inicia la obligación de contabilizar la pérdida esperada en los estados financieros.
Comprender el modelo, evitar errores en la clasificación de garantías, interpretar adecuadamente los días de mora, aplicar correctamente los porcentajes de pérdida, y homologar según lo definido, no son tareas opcionales, sino responsabilidades fundamentales para asegurar el cumplimiento y la transparencia.
Más allá del cumplimiento normativo, este proceso representa una oportunidad para fortalecer la gestión del riesgo crediticio y la calidad de la información contable. Prepararse con anticipación, capacitar al equipo y validar cada componente del modelo será la mejor estrategia para evitar sanciones y generar reportes confiables y técnicamente sólidos.
La pérdida esperada ya no es una proyección teórica: es un informe exigido, verificable y vinculante.
🎓 Aprenda a calcular correctamente el modelo de pérdida esperada
Participe en una jornada de formación práctica y reciba herramientas que facilitarán la implementación del modelo en su entidad. 📊 Conozca la normativa, domine los aspectos técnicos clave y evite errores en el reporte obligatorio al SICSES.
📉💥 ¿Y si despertamos antes de que la corriente nos arrastre? Reflexiones urgentes sobre la evaluación de cartera en el sector solidario
Amigos del sector solidario:
Estamos justo a tiempo… o tal vez ya llegamos tarde.
Llega ese momento clave del año: la evaluación de cartera del primer semestre. Pero esta vez, no es solo un trámite contable más. Esta vez, el contexto nos grita que algo está cambiando. Y si no lo vemos, corremos el riesgo de quedarnos mirando cómo otros avanzan mientras nosotros nos estancamos.
🚨 ¿Qué está pasando con nuestra cartera?
Veamos la foto del sistema financiero tradicional:
Después de dos años seguidos de contracción, ¡por fin! la cartera de consumo volvió a crecer un modesto 2%. Puede sonar poco, pero frente al -4% de los años anteriores… es un síntoma de vida. Y eso ya es mucho decir.
Ahora miremos nuestro sector:
La historia es otra: crecimiento lánguido, promedio del 0,59%. Muy por debajo de la inflación. En otras palabras: decrecemos en términos reales.
La cartera pierde peso dentro del activo. Los excedentes de tesorería aumentan (¡por ahora rentables!). Pero… ¿hasta cuándo?
😴 ¿Estamos dormidos?
Mientras los bancos afinan su puntería, nosotros aún dudamos si disparar.
Ellos ya están tocando las puertas de nuestros asociados con ofertas agresivas, plazos largos, pocas garantías, tasas “personalizadas”. Nosotros, todavía con el pie en el freno, pidiendo garantías excesivas y viendo cómo nos quitan a nuestros mejores deudores.
Y es aquí donde la evaluación de cartera se vuelve más que una exigencia normativa: se convierte en un acto de supervivencia.
🧠 Evaluar no es solo calificar. Es decidir.
¿Monitoreo o evaluación? No es lo mismo.
• El monitoreo observa desde la torre de control: indicadores, tendencias, alertas.
• La evaluación de cartera baja al terreno, entra a la mina, mira al deudor a los ojos y se pregunta:
“¿Le volvería a prestar hoy, con esta información?”
No se trata de revisar carpetas, se trata de aplicar criterios objetivos y metodologías claras. Se trata de recalificar cuando es necesario. Y de dejar por escrito, con sustento, que tomamos decisiones pensando en el riesgo real.
📆 Semestral, anual… ¡pero urgente!
Las reglas están claras:
• Entidades con modelo de pérdida esperada (niveles 1 y 2): evaluación semestral (mayo y noviembre).
• Otras entidades: al menos una vez al año. ¿Por qué no en junio? Así cumplimos y de paso diseñamos campañas estratégicas para el segundo semestre.
No esperemos a diciembre, cuando el comité está pensando en los buñuelos, y no en las provisiones.
