El principal llamado de octubre: vigilar el margen, no solamente el crecimiento de la cartera.

Excedentes en descenso, aun con crecimiento

En el análisis presentado el 26 de octubre, con información comparable de agosto de 2025 y agosto de 2026, 95 de 169 cooperativas con actividad financiera y 45 de 96 fondos de empleados mostraron menores excedentes. También se mencionaron dificultades en mutuales, cooperativas de aporte y crédito y caficultores. Son resultados de las muestras estudiadas, no una medición de todo el sector. La explicación examinada fue que los ingresos crecen menos que los costos y gastos.

El costo del dinero presiona el margen

Las tasas ofrecidas por el sector financiero para captar CDT competían con las tasas de CDAT y otros ahorros del sector solidario. El consultorio comparó tasas aproximadas de crédito de consumo, libranza, vivienda y captación observadas en octubre. Se advirtió el dilema: subir la tasa de ahorro puede proteger depósitos, pero estrecha el margen; no ajustarla puede incentivar retiros. La decisión requiere analizar costos, vencimientos y capacidad de pago del asociado.

Tasas de crédito y referencias del mercado

Se revisaron diferencias entre la DTF y el IBR como referencias de financiación y la conveniencia de comparar la tasa efectiva y el costo total de cada producto. La competencia de bancos y plataformas de crédito digital exige revisar si las líneas solidarias siguen siendo atractivas por tasa, plazo, garantías, rapidez y servicio.

Presupuestar 2027 sin dar por ciertas las proyecciones

Se debatieron inflación persistente, tasas elevadas, ajustes de nómina, menor dinamismo económico, posibles medidas fiscales y riesgos climáticos. Se trata de escenarios y estimaciones discutidos en el programa, no de resultados confirmados. Conviene preparar presupuestos base, adverso y favorable, incorporando sensibilidad del margen financiero, gastos administrativos, cartera en mora, liquidez y vinculación de asociados.

Concentración de los ahorros: medir el impacto real

En el consultorio del 19 se cuestionó utilizar únicamente la participación de los 10, 20 o 30 mayores depositantes. Como recomendación técnica, se propuso medir cuánto representan esos saldos frente a los activos, la liquidez disponible y el tamaño de la base social. Esta metodología complementaria no sustituye los indicadores regulatorios.

Las decisiones sobre el crédito deben reflejar el riesgo real y estar soportadas en evidencia.

Insolvencia del deudor y tratamiento contable

Se estudió el comportamiento de la morosidad de las cooperativas y la posibilidad de que las insolvencias no se reflejen de manera oportuna en las calificaciones. Deben examinarse la etapa de negociación, la existencia de un acuerdo, el incumplimiento, la causación de intereses y la capacidad de recuperación. La recomendación del expositor de calificar preventivamente ciertos casos en C o deteriorarlos anticipadamente es un criterio prudencial, no una regla automática para cualquier deudor insolvente.

Evaluación periódica y prueba de los modelos

Se recordaron los cortes de mayo y noviembre para evaluación de cartera de las entidades sujetas al régimen semestral y la evaluación al menos anual para otros ámbitos aplicables. La sugerencia de usar septiembre como corte anual es una recomendación de organización, no una fecha impuesta a todas las vigiladas. También se abordaron las pruebas de desempeño o backtesting del otorgamiento y las pruebas de estrés, según el alcance que corresponda a cada entidad.

Avales, codeudores y CDAT: cuidado con el reporte

Uno de los errores más reiterados fue confundir una garantía que reduce el riesgo con una garantía idónea a efectos de reporte y pérdida dado el incumplimiento (PDI). Se discutió que libranza no equivale a garantía real, que avales y codeudores requieren la clasificación aplicable y que los depósitos emitidos por la propia entidad no pueden tratarse sin más como depósitos de dinero administrados por un tercero. Es esencial conciliar los documentos del crédito, la parametrización del software y los códigos vigentes del reporte.

Cupo de crédito frente a aportes y ahorros

Prestar dos, tres o más veces el monto ahorrado responde frecuentemente a una política interna, no a un multiplicador universal impuesto por la regulación. Se invitó a revisar si tales límites dificultan el acceso de asociados con capacidad de pago demostrada. Cualquier línea alternativa debe conservar análisis de riesgo, garantías adecuadas, sostenibilidad financiera y las reglas de su reglamento. No se deben crear aportes ficticios con el propio desembolso del préstamo.

Libranzas de terceros y cobranza de asociados incapacitados

Se trató el deber de tramitar descuentos autorizados conforme al régimen de libranza y el cuidado de las prioridades legales. Cuando el asociado entra en incapacidad y cambia el pagador de su ingreso, la entidad debe revisar si persiste la posibilidad de descuento o si conviene acordar pagos directos o alivios ajustados a su situación, sin suponer que la deuda se extingue.

La clasificación del producto y la correcta aplicación de medidas especiales evitan contingencias.

La vivienda no debe registrarse como consumo por conveniencia

En tres jornadas se advirtió sobre créditos destinados a compra de vivienda, respaldados con hipoteca y otorgados a largo plazo que se reportan como consumo. El consultorio insistió en la prevalencia de la naturaleza real de la operación. Se revisaron la Ley 546 de 1999, sus exigencias de amortización sin capitalización de intereses ni sanciones por prepago y las condiciones de seguro y límites de tasa pertinentes. El tratamiento contable y prudencial debe revisarse conforme al producto efectivamente otorgado.

Financiación de vivienda en entidades solidarias

Se expuso que el parágrafo del artículo 1 de la Ley 546 reconoce un régimen propio para fondos, mutuales y otras entidades no bancarias al establecer condiciones de vivienda. Durante el programa se habló de la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor del inmueble y de sus ventajas competitivas. Esto no autoriza aprobar automáticamente un 100 %: deben verificarse reglamento, suficiencia de garantías, capacidad de pago, normativa aplicable y decisiones del órgano competente.

Circular Externa 103: quiénes pueden recibir alivios

La Supersolidaria expidió la Circular Externa 103 del 6 de octubre de 2026 sobre medidas transitorias para damnificados por el terremoto del 10 de agosto. La afectación puede acreditarse con diversas fuentes oficiales, incluido el Registro Único de Damnificados; no debe exigirse el RUD como único soporte si la disposición admite otros. La entidad debe contar con un procedimiento para identificar el daño y documentar cada decisión.

Condiciones de refinanciación extraordinaria

La Circular 103 contempla, bajo sus condiciones, ajustes sin tratamiento de reestructuración para operaciones previas al 10 de agosto de 2026. En los seis meses anteriores al desastre, el umbral de mora es de hasta 90 días en microcrédito y consumo y hasta 120 días en comercial y vivienda. Establece límites al nuevo plazo, mantenimiento condicionado de calificación y prohibición de agravar condiciones. Prevé un periodo específico sin intereses ni mora de hasta 90 días entre la declaración y la renegociación. Su aplicación exige verificar vigencia, garantías y demás requisitos de la circular.

Bienes afectados y seguros

Cuando el inmueble hipotecado fue afectado, se recomendó revisar la cobertura de la póliza, la vigencia, los beneficiarios y la valoración de la garantía antes de decidir sobre el deterioro del crédito. La entidad no debe trasladar al asociado, sin sustento contractual o autorización aplicable, costos que no le correspondan. Documente la inspección, los soportes del siniestro y la decisión adoptada.

Una medición útil debe permitir decidir, además de cumplir con el reporte.

¿A quién le corresponde administrar riesgo de mercado?

Se debatió el alcance del Sistema de Administración del Riesgo de Mercado (SARM) y la regla sobre inversiones que superan el 10 % de los activos durante tres meses consecutivos. La Supersolidaria emitió un concepto que interpreta el alcance en relación con fondos de empleados; Diego Betancour manifestó una interpretación jurídica diferente y pidió revisar la proporcionalidad de la carga en entidades pequeñas. Se trata de una controversia interpretativa, no de una exención confirmada. Verifique su caso frente al texto normativo y la posición escrita del supervisor.

Solvencia integral: mirar escenarios, no solo un índice

Se recordó la evaluación integral trimestral de solvencia a cargo de la función de riesgos, considerando exposiciones relevantes y distintos escenarios, con presentación al comité según el régimen aplicable. Se hizo énfasis en medir capacidad para absorber choques de morosidad, retiros de depósitos, encarecimiento de la financiación y deterioro de resultados. El análisis debe llegar a la administración con decisiones y responsables.

IRL y brecha de liquidez: observaciones metodológicas

El 26 de octubre se expusieron críticas técnicas del conferencista al tratamiento de inversiones contabilizadas a costo amortizado, a la proyección de entradas y salidas de ahorro permanente y a la incorporación de flujos de fondos mutuales e inventarios. Esas observaciones no significan que la metodología oficial haya sido invalidada. Se aconseja cumplir los reportes vigentes y construir análisis complementarios internos que reflejen los flujos reales, dejando evidencia de conciliaciones y supuestos.

Fondo de liquidez y patrimonio técnico

También se comentaron ajustes por categoría de supervisión y modalidad de captación sobre instrumentos admisibles para fondo de liquidez, porcentajes computables y tratamiento de ahorros contractuales y permanentes. En materia patrimonial se cuestionó la lectura de compromisos de apropiación adicional de excedentes frente a reservas legales. Los porcentajes y efectos concretos deben comprobarse en las normas de la categoría de la entidad; las críticas del expositor son opiniones interpretativas.

Riesgo operativo y continuidad del servicio

Ante el debate sobre sequía, costos de energía y eventuales interrupciones, se recomendó incluir escenarios de continuidad operativa: respaldo de sistemas, energía, acceso a datos, canales alternos y atención al asociado. La ocurrencia de racionamientos fue planteada como posibilidad, no como hecho confirmado.

Los sistemas de control requieren procedimientos aplicados, no solamente manuales archivados.

Las funciones del oficial de cumplimiento

John Montoya propuso revisar sistemáticamente el alcance del SARLAFT de la entidad, la actualización del manual y formularios, las metodologías de identificación, medición y control, el conocimiento de contrapartes, la segmentación, las señales de alerta y el monitoreo. También señaló la importancia de investigar inusualidades, sustentar decisiones, conservar evidencias, capacitar personal y elevar informes a los órganos correspondientes. Recomendó implementar una matriz de riesgos incluso cuando no sea exigible por el ámbito específico; esto último es buena práctica propuesta, no obligación universal.

Reportes a UIAF y calidad de información

El consultorio advirtió que reportar más no significa reportar mejor. Deben distinguirse operaciones inusuales de sospechosas, verificar la consistencia entre sistemas operativos y contabilidad, aplicar los umbrales e instructivos vigentes y conservar soportes del análisis de reportes al SIREL. Se mencionó el seguimiento a la suspensión del cronograma de reducción de montos del anexo técnico: confirme las reglas efectivamente vigentes antes de parametrizar las consultas y los reportes.

Informes, capacitación y trazabilidad

Se recordó que el oficial de cumplimiento y la revisoría fiscal deben atender los informes y evaluaciones previstos por su ámbito normativo. Se hizo énfasis en no construir el informe semestral al final sin evidencias previas, sino documentar durante todo el periodo pruebas, novedades, recomendaciones y su seguimiento. La capacitación debe comprender empleados, directivos y nuevas vinculaciones según las obligaciones que correspondan.

Gobierno corporativo: Circular Externa 94 de 2025

La Guía de Buen Gobierno contiene 124 recomendaciones, pero la propia Supersolidaria aclara que 20 tienen fundamento obligatorio y las demás se manejan dentro de la lógica de «adopte o explique» cuando la entidad está en el ámbito. No debe afirmarse que las 124 son obligaciones sancionables. Se recomendó revisar estatutos, código de gobierno, planeación estratégica, políticas y evidencias de aplicación según el cronograma y la categoría correspondiente.

Delegados que también son empleados

Se preguntó por la participación electoral de empleados asociados. El expositor manifestó preocupación por posibles conflictos de interés y desaconsejó que ejercieran como delegados o consejeros. Esta es una posición sobre gobernabilidad, no una prohibición general establecida en el consultorio. La respuesta para cada entidad exige revisar estatutos, reglas electorales y el régimen jurídico aplicable.

Las respuestas prácticas deben contrastarse con contratos, estatutos, normas y soportes.

Incapacidades, libranza y cobertura de seguros

Con Ángela Tobar se aclaró que el responsable del reconocimiento económico de una incapacidad puede variar según origen, duración y trámite ante EPS, administradora de pensiones o ARL. Para un crédito por libranza, la entidad debe verificar quién paga efectivamente al asociado, si cabe el descuento, y si es necesario acordar pagos directos o alternativas de alivio. El seguro de vida deudores puede cobrar importancia ante invalidez o fallecimiento, según las condiciones de la póliza. Cada caso necesita valoración laboral, jurídica y crediticia.

Dirección, confianza y manejo no significa 24/7

Se revisó la sentencia C-331 de 2023. Las funciones reales y el grado de autonomía determinan si un cargo corresponde a dirección, confianza y manejo; no basta rotularlo en el contrato. Aunque exista un régimen especial de jornada, la Corte reconoció el derecho al descanso y a la desconexión con criterios de necesidad y proporcionalidad. Revise funciones, contratos y protocolos de disponibilidad.

Negociación colectiva: suspensión provisional

Se informó sobre la suspensión provisional del Decreto 234 de 2026 referida a negociación colectiva de alcance sectorial. Suspensión no equivale a nulidad definitiva ni elimina las normas generales sobre asociación sindical o negociación. Para adoptar decisiones laborales concretas, consulte el estado judicial actualizado y la asesoría correspondiente.

Donaciones con destinación específica

Se discutió cómo reconocer aportes de la empresa patronal destinados a auxilios, actividades u otros fines acordados. El criterio expuesto fue reconocer inicialmente la obligación de destinación específica y trasladar el importe conforme se ejecute, con soporte documental y contable. Las transferencias irrestrictas para fortalecer el patrimonio plantean otra discusión de tratamiento bajo los marcos técnicos y la regulación solidaria; requiere concepto del contador y revisor fiscal.

Fondos sociales, fondos mutuales y beneficios

Se recordó diferenciar la financiación de los fondos sociales mediante excedentes y de los fondos mutuales mediante contribuciones, así como su uso para beneficios de asociados y no para pagar gastos generales ajenos a su objeto. Se alertó frente a la creación de esquemas mutuales que funcionen materialmente como seguros, sujetos a un régimen especial. También se mencionó el posible uso del FODES en proyectos tecnológicos en beneficio de los asociados, sujeto a las reglas de destinación.

NIIF para pymes y retención de pagos a asociados

Se advirtió que una entidad del grupo 2 no debe declararse grupo 1 únicamente para habilitar códigos de inversiones en el sistema de reporte. Se comentaron dudas de retención en la fuente sobre revalorización de aportes y auxilios; no debe aplicar una tarifa universal sin revisar la naturaleza del concepto, la cuantía, la condición tributaria del beneficiario y la doctrina actual de la DIAN.

La modernización tecnológica se presentó como una respuesta a una competencia cada vez más rápida.

Un sector solidario más ágil

Se compararon las experiencias de crédito y compra de cartera 100 % digitales con procesos internos aún manuales. La propuesta fue facilitar vinculación, estudio de crédito, firma, desembolso y seguimiento remoto, sin sacrificar debida diligencia, protección de datos ni seguridad de la información. También se conversó sobre finanzas abiertas, uso de datos y personalización, destacando que su implementación futura depende del marco legal y de las capacidades institucionales.

Herramientas prácticas de las jornadas

El 5 de octubre se mostró Microsoft PowerToys para acentos especiales y cambiar tamaño de imágenes. El 13 se enseñó a guardar textos reutilizables en Elementos rápidos de Word e insertarlos con F3. El 26 se exploró la edición de imágenes en PowerPoint con funciones de IA. Estas cápsulas buscan reducir tareas repetitivas en labores administrativas.

Ideas de nuevos servicios y fortalecimiento

Se propusieron oportunidades de ahorro de largo plazo, apoyo a personas mayores, soluciones de energía limpia, seguros y convenios de bienestar, además de revisar el valor para el asociado. Se habló de alianzas, transformación de figuras asociativas y fusiones como opciones para entidades pequeñas. Son propuestas estratégicas de discusión, no trámites automáticos ni recomendaciones aplicables por igual a todas las organizaciones.

El mensaje para los órganos directivos

Antes de crecer por crecer, cada entidad necesita saber qué productos dejan margen, qué saldos tienen riesgo, qué compromisos debe documentar y qué procesos puede simplificar. Octubre cerró con un llamado a conectar el presupuesto de 2027 con decisiones de cartera, liquidez, administración de riesgos, tecnología y servicio a los asociados.

Diez verificaciones para el cierre

1. Comparar excedentes e ingresos frente al crecimiento de costos, gastos y cartera, por producto.
2. Medir el margen financiero y simular cambios de tasas de captación y colocación.
3. Revisar cartera en insolvencia, garantías, codeudores y PDI en software y reportes.
4. Identificar y corregir créditos de vivienda registrados bajo otra modalidad.
5. Verificar los casos que califican para la Circular Externa 103, con soportes oficiales.
6. Confirmar el ámbito de aplicación de SARM, SIAR, SARC y SARLAFT de la entidad.
7. Dejar evidencia de las evaluaciones, pruebas, informes y seguimientos pendientes.
8. Revisar el código de buen gobierno y separar adopciones obligatorias de recomendaciones.
9. Conciliar IRL, brechas, ahorros, fondos y proyecciones internas de flujos.
10. Preparar el presupuesto 2027 con escenarios y un plan de mejoras tecnológicas.

Fuentes y alcance

• Transcripciones del Consultorio Solidario: Jornadas del 5, 13, 19 y 26 de octubre de 2026; material de base de esta edición.
• Circular Externa 103 de 2026 – Supersolidaria: Alivios especiales por el sismo, elegibilidad y refinanciación.
• Circular Externa 94 de 2025 y Guía de Buen Gobierno: Ámbito, cronograma y reglas sobre recomendaciones.
• Boletín jurídico de Supersolidaria, enero-marzo 2026: Aclara que 20 de 124 recomendaciones tienen sustento obligatorio; informa CE95.
• Respuesta oficial de Supersolidaria del 5 de marzo de 2026: Interpretación administrativa sobre alcance de SARM para fondos de empleados.
• Ley 546 de 1999, artículo 1: Disposición sobre financiación de vivienda y entidades del sector solidario.
• Sentencia C-331 de 2023 – Corte Constitucional: Derecho al descanso y desconexión en cargos de dirección, confianza y manejo.

Las cifras representan las muestras expuestas por el conferencista. Las proyecciones y debates interpretativos no son disposiciones oficiales. Revise siempre el alcance normativo de su entidad antes de adoptar medidas.